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El canciller alemán, Friedrich Merz, obtuvo el viernes la mayoría absoluta para un proyecto de ley sobre pensiones, con el que desactiva una rebelión parlamentaria que había puesto en duda la viabilidad de su coalición. El Bundestag aprobó una legislación que garantiza pensiones equivalentes al 48% de los ingresos anteriores hasta 2031 e introduce incentivos fiscales para animar a los jubilados a trabajar más. El proyecto de ley fue aprobado con 319 votos en una cámara de 630 escaños. Los diputados también aprobaron una nueva forma de servicio militar voluntario como parte de los esfuerzos para ampliar las fuerzas armadas.
La votación culmina más de dos meses de tenso debate dentro de la coalición de Merz, integrada por demócratas cristianos y socialdemócratas, después de que un grupo de 18 jóvenes diputados conservadores amenazara con oponerse al proyecto de ley de pensiones a pesar de su aprobación por el gabinete. El grupo de díscolos ponía en riesgo la mayoría de 12 escaños de Merz. Die Linke, el partido de extrema izquierda, había señalado que se abstendría para asegurar la aprobación del proyecto de ley. Sin embargo, la falta de una mayoría en la coalición habría socavado la autoridad de Merz y alimentado las especulaciones sobre la durabilidad del gobierno.
La disputa puso de relieve las tensiones persistentes dentro de la coalición de Merz, incluyendo su propio bloque CDU/CSU, y se ha convertido en una prueba para determinar si su gobierno puede dirigir la mayor economía de Europa hasta el final de su mandato en 2029. Su resolución final permite de nuevo volver a hablar de gobierno de coalición.
El canciller de 70 años ha prometido sacar a Alemania del estancamiento y reformar su costoso sistema de bienestar.
Merz, de 70 años, ha presentado su gobierno como la última oportunidad del centro político para revitalizar Alemania y frenar el ascenso del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que obtuvo más de un 20% de los escaños en las elecciones de febrero. Después de flexibilizar el freno constitucional a la deuda, lanzó un plan masivo para modernizar la Bundeswehr y las infraestructuras abandonadas del país. Con estas iniciativas, el político pretendía sacar a Alemania del estancamiento y reformar su costoso sistema del bienestar.
Sin embargo, seis meses después de asumir el cargo, la economía muestra pocas señales de recuperación, obstaculizada por una disputa comercial con Estados Unidos y la feroz competencia de productos chinos más baratos. Las crecientes tensiones internas en la coalición han provocado diversas disputas y una mayor incertidumbre legislativa. Según las encuestas, una gran mayoría de alemanes está insatisfecho con el gobierno.
El proyecto de ley de pensiones está diseñado para garantizar pensiones legales equivalentes al 48% de los ingresos anteriores hasta 2031, una concesión al SPD. Esta garantía invalida normas anteriores destinadas a contener los crecientes costes del envejecimiento de la población. Los jóvenes conservadores argumentaron que el proyecto de ley excedía el acuerdo de coalición, con costes adicionales de entre 10.000 y 15.000 millones de euros al año después de 2031. Sin embargo, Bärbel Bas, ministra de Trabajo del SPD, se resistió a las peticiones de modificar el proyecto de ley, que también incluye incentivos para que los jubilados sigan trabajando, un plan para ampliar las pensiones privadas y una mayor bonificación por jubilación para las madres, todas ellas prioridades de la CDU/CSU.
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