Bukele instaura la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas" en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), ha aprobado una reforma constitucional para introducir la condena a cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas", como proponía el Gobierno del presidente Nayib Bukele. La modificación, que aún debe ser ratificada, ha salido adelante con 59 de los 60 votos.

"Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror", ha defendido la diputada de Nuevas Ideas Suecy Callejas. Y el objetivo es que esas personas "jamás vuelvan a caminar por nuestras calles", ha añadido, en línea con las declaraciones que había hecho horas antes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

"El país que anhelamos requiere que en nuestra sociedad no existan homicidas ni violadores", dijo Villatoro reclamando que se eliminara la prohibición de la cadena perpetua que incluye la Constitución. Esta solicitud, sorprendentemente, ha sido aprobada con el apoyo del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista.

Ahora, la Asamblea Legislativa debe dar luz verde también a una serie de reformas del Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Contra Actos de Terrorismo y otras normas secundarias, para ajustarlas a lo que recogerá la nueva norma fundamental una vez modificada.

Este cambio, por cierto, será posible gracias a que –en enero de 2025– la Asamblea Legislativa ratificó la reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura. Previamente, las enmiendas constitucionales necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes. Los votos de 45 de los 60 diputados son suficientes para aprobar y ratificar las modificaciones en un mismo día.

La crisis de las pandillas

La propuesta de Bukele para permitir las penas a cadena perpetua llega a pocos días de que se cumplan cuatro años del régimen de excepción en El Salvador, que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas callejeras a las que responsabilizan de la mayoría de los homicidios que se registran en el país, considerado durante años como uno de los más violentos del mundo.

La instauración del estado de excepción habría permitido la detención de más de 91.300 personas que han sido acusadas de pertenecer a estas bandas violentas o tener algún vínculo con ellas. De hecho, se calcula que alrededor de 500 de los arrestados por este motivo han muerto estando bajo custodia de la seguridad del Estado, lo que ha provocado las críticas de las organizaciones pro derechos humanos.