Cientos de refugiados sobreviven en la calle en Sudáfrica mientras afrontan un nuevo ultimátum antimigración: “La niña apenas puede respirar”

Rebecca Varis rompe a llorar en un mensaje de voz de WhatsApp que envía desde un hospital de Durban, al este de Sudáfrica. Su hija Priscilla, de tres meses, está ingresada con una neumonía. “La niña no mejora. Apenas puede respirar”, solloza. En uno de los vídeos que adjunta, la pequeña permanece tumbada en una cama del centro sanitario, con una mascarilla de oxígeno. En otro, su respiración es ronca y entrecortada. Su madre está convencida de que su hija ha enfermado por llevar más de dos meses durmiendo a la intemperie.

Rebecca Varis y su hija Priscilla Mussa fueron protagonistas de un reportaje publicado hace dos semanas por este periódico para denunciar la situación de indefensión de cientos de migrantes y refugiados abandonados a su suerte en Durban debido a la campaña antimigración que sacude Sudáfrica. La actual ola de violencia comenzó en abril, cuando el movimiento March & March, encabezado por Jacinta Ngobese Zuma, dio al Gobierno un ultimátum para expulsar a todos los inmigrantes en situación irregular antes del 30 de junio. El plazo venció sin que el Ejecutivo actuara y, desde entonces, las marchas semanales del movimiento se han transformado en visitas puerta a puerta para exigir a migrantes y refugiados que abandonen sus viviendas y negocios y se marchen del país. Ahora, la presión vuelve a aumentar. Este viernes, 31 de julio, vence un nuevo ultimátum de March & March: sus simpatizantes han anunciado que pretenden cerrar todos los negocios regentados por extranjeros que continúen abiertos. Aunque sus dirigentes aseguran que su campaña se dirige únicamente contra los inmigrantes en situación irregular, entre los afectados hay refugiados reconocidos, solicitantes de asilo y ciudadanos naturalizados.

Es el caso de Varis y su marido, Kurda Mussa, congoleños llegados a Sudáfrica hace más de dos décadas con el estatus de refugiados. Huían de la violencia en Kivu del Sur, una de las provincias del este de la República Democrática del Congo castigadas desde hace décadas por la guerra, las milicias armadas y los desplazamientos masivos de población. Sus hijos nacieron ya en Sudáfrica.

Kurda Mussa sostiene en brazos a su hija Priscilla en presencia de sus otros dos hijos en una calle de Durban (Sudáfrica) donde viven desde que hace dos meses un grupo de personas les expulsara de su casa en un ataque xenófobo, el 5 de julio de 2026.

Desde que una turba expulsó a la familia de su casa y Mussa perdió su empleo como barbero, pues su lugar de trabajo también fue vandalizado, duermen junto a otros más de 450 refugiados sobre una acera de la calle Che Guevara, frente al centro de recepción de refugiados de Durban.

Las condiciones de vida han empeorado para este nutrido grupo desde que EL PAÍS los visitó. Denuncian nuevas agresiones físicas y verbales y la llegada de más familias expulsadas de sus viviendas y de sus empleos. También señalan que les han retirado sus licencias de comercio, y que el abastecimiento de agua y alimentos depende casi exclusivamente de pequeñas organizaciones de la sociedad civil y de donaciones particulares de voluntarios. El Gobierno sudafricano no les ha facilitado un alojamiento alternativo, ni condiciones de seguridad para recuperar sus hogares.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), encargada de velar por la protección internacional de los refugiados, recuerda que la asistencia directa a estas personas es competencia del Gobierno y que el papel de la organización consiste en supervisar el sistema de asilo, asesorar a las autoridades y apoyar proyectos de organizaciones humanitarias, más que en gestionar centros de acogida o proporcionar alojamiento directamente. Ese reparto de competencias deja a estas familias desprotegidas: Acnur no puede alojarlas y el Gobierno del presidente Cyril Ramaphosa sostiene que la respuesta corresponde a las autoridades provinciales y municipales. Mientras tanto, pasan las semanas sin que ninguna administración les ofrezca una alternativa.

No tenemos agua suficiente, no tenemos comida suficiente y cada día llega más gente. Ya ni siquiera sentimos que este lugar sea seguro

La situación es cada vez peor, explica por teléfono Wivine Bahati, una de las portavoces del campamento. “No tenemos agua suficiente, no tenemos comida suficiente y cada día llega más gente. Ya ni siquiera sentimos que este lugar sea seguro”, lamenta. Hace una semana, precisamente, un hombre empotró su vehículo contra una furgoneta donde estas familias guardaban mantas y alimentos con los que sobreviven desde que duermen en la calle, según un vídeo que muestra Bahati.

La semana pasada, los refugiados enviaron una nueva carta a la representante de Acnur en Sudáfrica para denunciar que los ataques xenófobos se han intensificado desde el ultimátum del 30 de junio, que muchos propietarios se niegan a seguir alquilando viviendas a ciudadanos extranjeros por miedo a las represalias, que les han sido confiscados sus permisos de comercio informal concedidos a refugiados y solicitantes de asilo documentados, y que quienes intentan regresar a su puesto de trabajo son atacados. Como ejemplo, adjuntan las fotografías de dos de ellos: pertenecían a un grupo de seis que decidieron volver a sus barberías en el mercado de Warwick y fueron brutalmente agredidos. Las imágenes de ambos en el hospital les muestran con heridas abiertas en la cabeza y la ropa manchada de sangre.

En su misiva, los refugiados denuncian que el Gobierno les ofrece dos alternativas imposibles: trasladarse al centro de Lindela —unas instalaciones donde esperan quienes están pendientes de ser deportados— o “reintegrarse” en las comunidades de las que fueron expulsados.

Ambas opciones son inviables: volver a la República Democrática del Congo no es factible porque es un país en guerra y el principio de no devolución (non-refoulement), piedra angular del derecho internacional de los refugiados, prohíbe devolverlos a un país donde su vida corra peligro. La segunda es una utopía: “¿Cómo se supone que nos podemos reintegrar en la misma comunidad que ya nos ha expulsado?”, lanza Bahati.

Una respuesta insuficiente

Una de las pocas organizaciones que está asistiendo al campamento de la calle Che Guevara es Siyafana Sonke, una coalición de organizaciones y activistas que provee alimentos, servicios sanitarios básicos y asesoramiento jurídico. La semana pasada sus representantes dieron una rueda de prensa para denunciar la desprotección de las más de 450 personas que sobreviven en esta calle. “Creemos que existe un peligro inminente para su bienestar y sus vidas”, aseveraron. Yeshelen Govender, portavoz de Siyafana Sonke, puso el foco en la responsabilidad del Gobierno de Ramaphosa: “Se está incumpliendo el mandato constitucional que corresponde al Estado: garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que viven dentro de las fronteras de nuestro país”.

Priscilla Mussa no es la única menor cuya vida se ha visto trastocada. Su hermana Happyness Mussa, de 11 años, envía casi a diario mensajes de audio desde la acera de Che Guevara hablando de su mayor preocupación en este momento: volver al colegio. El curso escolar comenzó el 21 de julio, tras las vacaciones de invierno sudafricanas, pero esta vivaracha niña aún no ha pisado las aulas porque cuando fue expulsada de su hogar quedaron por el camino los libros, zapatos, uniforme, mochila, material escolar… Además, su escuela queda a unas dos horas en coche del campamento.

Se está incumpliendo el mandato constitucional que corresponde al Estado: garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que viven dentro de las fronteras de nuestro país

El caso de Happyness no es aislado. Diversas ONG y asociaciones educativas están denunciando desde principios de año que las amenazas se han trasladado a los centros educativos y eso ha obligado a algunos padres migrantes a sacar a sus hijos de clase por miedo. En estas denuncias adjuntan vídeos de grupos apostados frente a colegios gritando consignas xenófobas. “Doce chicos fueron a por mi hermano. Lo rodearon y le dieron bofetadas. Se lo contamos a los profesores, pero no quisieron escucharnos. Nos dijeron: ‘Sois muy pesados, dejad de hablar de eso”, cuenta Happyness en uno de sus audios.

El movimiento March & March ha conseguido convertir a los migrantes en el blanco de problemas que tienen raíces mucho más profundas. Su discurso, encabezado por Jacinta Ngobese Zuma, señala a los extranjeros como responsables del aumento de la delincuencia, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos, y reclama deportaciones masivas, redadas, el cierre de los comercios regentados por extranjeros y un endurecimiento de la política migratoria.

El mensaje ha encontrado eco en un país que sigue siendo el más desigual del mundo, con una tasa de desempleo superior al 30% —que rebasa el 45% entre los jóvenes—. En este contexto, los migrantes se han convertido en chivos expiatorios de problemas estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades y la saturación de algunos servicios públicos.

Mientras tanto, el éxodo de migrantes hacia sus países de origen prosigue. Hasta el 12 de julio, más de 53.000, según el Gobierno sudafricano, habían emprendido la vuelta hacia Malaui, Zimbabue y Mozambique principalmente. Además, el Gobierno de Ghana ha solicitado a la Unión Africana que investigue la violencia xenófoba y la incluya en la agenda de la organización continental, mientras que dos ciudadanos de este país también han pedido a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que examine si las agresiones contra extranjeros pueden constituir crímenes contra la humanidad, según Reuters.

Rebecca Varis vigila a su hija Priscilla, de tres meses, en una calle de Durban (Sudáfrica) donde duermen desde que hace dos meses un grupo antimigrante las echara de su casa, el 5 de julio de 2026.Lola

En plena escalada de la violencia, los refugiados congoleños no tienen ni la posibilidad de regresar; la mayoría huyó precisamente porque la violencia en el este de su país hacía inviable permanecer allí, y regresar supondría volver al mismo conflicto del que escaparon. En el limbo donde se encuentran, intenta sobrevivir Priscilla Mussa, que sigue ingresada en un hospital de Durban donde respira a duras penas. Y Happyness Mussa, que implora ayuda para comprarse un uniforme y volver a clase. También la madre de las niñas, Rebecca Varis, que aclara en otro mensaje: “No quiero dinero. Solo quiero un lugar donde dormir con mis hijos”.

Con ellas, más de 450 personas siguen durmiendo al raso en la calle Che Guevara, sin una alternativa habitacional y sin saber qué ocurrirá después del ultimátum de este 31 de julio.