El juez David Maman Benchimol ha rechazado que se prohíba a José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su dimisión el 17 de febrero, que se comunique con la agente que se ha querellado contra él por violación. El juez ha tomado esta decisión después de que el antiguo DAO y la inspectora hayan declarado durante cerca de cuatro horas. Al finalizar las comparecencias, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha solicitado al instructor que diese luz verde a una orden de protección para la supuesta víctima que implique esa prohibición de comunicación, pero el magistrado no ha aceptado sus pretensiones.
En un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez explica que adopta esta decisión porque “el investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio”. Así, entiende que “no parece que exista riesgo” en este momento de la investigación de que se pueda producir ningún tipo de “presión sobre la querellante”. “Y máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial”. añade.
El instructor fijó la cita de este martes el pasado 12 de febrero, cuando admitió a trámite la querella presentada contra el entonces DAO. El juez abrió ese día la investigación contra el comisario González al apreciar “características que hacen presumir la posible existencia de delito/s”. Sin embargo, la noticia de la apertura de la causa no trascendió hasta la tarde del 17 de febrero, después de que la denunciante comunicase a su superiora, Gemma Barroso, que había acudido a los tribunales contra el máximo responsable de la Policía Nacional.
Apenas dos horas después de hacerse pública la admisión a trámite de la denuncia, José Ángel González dimitió como director adjunto operativo. “Para poder ejercer mi legítimo derecho de defensay para salvaguardar el honor y la imagen de la Policía Nacional”, alegó.
Desde entonces, las partes han puesto sobre la mesa dos relatos contradictorios. La querella cuenta que el DAO ordenó que la agente acudiera el 23 de abril de 2025 a recogerlo a un restaurante donde estaba comiendo con su número dos, Óscar San Juan, para llevarlo después hasta su domicilio oficial. Allí, tras “doblegar la voluntad de la víctima”, se aprovechó de su “superioridad física y autoridad” para “iniciar” un “acercamiento físico de naturaleza sexual”, que implicó toquetearla y penetrarla con los dedos.
La policía grabó la presunta agresión sexual. El audio no se ha hecho público, pero la acusación sostiene que este demuestra que ella mostró su rechazo hacia él “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada”. La defensa afirma, en cambio, que “lejos de reflejar una negativa” de la denunciante para mantener relaciones sexuales, “lo que se desprende” de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención” por parte de la funcionaria.

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