El sumario destapa el engaño: la RFEF ocultó que Hacienda investigaba a Negreira 16 meses antes de estallar el escándalo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) conocía de primera mano que la Agencia Tributaria mantenía bajo la lupa a José María Enríquez Negreira mucho antes de lo que admitió en público. Según revela The Objective, la documentación del sumario judicial incluida en el bautizado Informe Pelícano 2.0, el ente federativo ocultó de forma deliberada que Hacienda le había exigido información explícita sobre las incompatibilidades, contratos y funciones del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en octubre de 2021, es decir, 16 meses antes de que el escándalo estallara en los medios de comunicación.

La contradicción de la versión oficial

Esta revelación desmonta por completo la coartada ofrecida por la RFEF en la multitudinaria rueda de prensa celebrada el 2 de marzo de 2023. En aquella comparecencia, el entonces secretario general del organismo bajo la presidencia de Luis Rubiales, Andreu Camps, afirmó ante los medios que el requerimiento inicial de la Agencia Tributaria del 18 de octubre de 2021 era un "trámite ordinario" que no incluía nombres propios ni hacía referencia a ninguna persona investigada.

Sin embargo, los soportes documentales de la inspección de Hacienda contradicen tajantemente esa versión: el oficio citaba expresamente a José María Enríquez Negreira. Además, consta que la propia RFEF contestó por escrito a dicho requerimiento aportando los datos económicos y normativos solicitados sobre el excolegiado, lo que demuestra que el organismo sabía perfectamente a quién se estaba investigando desde el primer momento.

Movimientos bajo sospecha en el seno de la RFEF

El desfase temporal entre el requerimiento ocultado y la comparecencia pública coincide con una serie de llamativos movimientos internos dentro de la propia institución deportiva que ahora cobran un nuevo sentido en la investigación:

• Modificación exprés del Código Ético: En junio de 2021, de manera presuntamente irregular y esquivando la aprobación de la Junta Directiva y la Comisión Delegada, la RFEF reformó su normativa interna para eliminar el plazo de prescripción de 10 años que imponen organismos como la FIFA o la UEFA para este tipo de infracciones.

• Citas al más alto nivel: Tan solo un día después de que Hacienda notificara el requerimiento en la RFEF, se produjo una reunión clave entre el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el entonces director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler.

• Aprobación de políticas anticorrupción: En noviembre de 2021, durante la primera junta posterior a la consulta fiscal, la RFEF aprobó por unanimidad una nueva política anticorrupción que encajaba con el escenario que ya investigaba el fisco, al tiempo que Laporta delegaba su voto de forma directa en Luis Rubiales.

El proceso judicial sigue su curso para esclarecer si el FC Barcelona obtuvo beneficios deportivos derivados de los 8,4 millones de euros abonados a las empresas de Negreira entre 2001 y 2018. Mientras tanto, el Informe Pelícano 2.0 ya se encuentra bajo el estricto análisis de los departamentos de Integridad de la FIFA y de la UEFA, señalando lo que califican como una "inoperancia institucional voluntaria" y confirmando que la cúpula federativa de aquel momento faltó a la verdad sobre las alertas de la Agencia Tributaria.