Hace 13 horas
2
La ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez afronta una de sus pruebas más importantes en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el próximo 16 de julio una sentencia que puede resultar determinante para el futuro judicial de varios dirigentes del procés y, especialmente, para el posible regreso de Carles Puigdemont a España.
El tribunal con sede en Luxemburgo resolverá las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre dos aspectos especialmente sensibles de la norma: si los gastos derivados del proceso separatista catalán perjudicaron los intereses financieros de la Unión Europea y si la amnistía de determinados delitos relacionados con el terrorismo es compatible con el derecho comunitario.
Según informó este viernes el servicio de prensa del TJUE, la sentencia afectará a la responsabilidad contable atribuida a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros dirigentes independentistas, así como a la situación de doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo.
La decisión de Luxemburgo también será observada con atención por el Tribunal Constitucional. El órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido tiene pendiente resolver el recurso de amparo presentado por Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía en el delito de malversación.
El precedente del abogado general
La sentencia llega después de que el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, emitiera el pasado mes de noviembre un informe favorable a los principales puntos de la ley de amnistía.
En sus conclusiones, Spielmann rechazó la tesis sostenida por el Tribunal de Cuentas y compartida por el Supremo de que una hipotética independencia de Cataluña habría reducido la aportación española al presupuesto comunitario y, por tanto, habría afectado a las finanzas de la UE.
El jurista argumentó que, siguiendo ese razonamiento, también debería considerarse ilegal la salida del Reino Unido de la Unión Europea por las consecuencias presupuestarias derivadas del Brexit.
Asimismo, sostuvo que no existe una relación directa entre los gastos del procés y los fondos comunitarios, ya que no se aportaron pruebas de que se utilizara dinero procedente del presupuesto europeo para financiar actividades relacionadas con la independencia de Cataluña.
El abogado general también discrepó de la posición de la Comisión Europea respecto a la naturaleza de la norma. A su juicio, la ley no puede calificarse como una "autoamnistía", ya que considera que su finalidad declarada es favorecer la "normalización institucional" y la "reconciliación" tras el desafío separatista.
Respecto a los delitos de terrorismo, Spielmann tampoco apreció incompatibilidades con la legislación europea. Además, defendió que la norma respeta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al excluir expresamente los delitos que impliquen graves vulneraciones de derechos fundamentales, como los que afectan a la vida o a la integridad física de las personas.
Algunas dudas sobre el procedimiento
Pese a respaldar el núcleo de la ley, el abogado general sí expresó reservas sobre algunos aspectos procesales. En particular, cuestionó el plazo de dos meses que la norma concede a los jueces para decidir si aplican o no la amnistía, al considerar que podría entrar en conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las conclusiones de los abogados generales no son vinculantes para el TJUE. Sin embargo, la experiencia demuestra que en un elevado porcentaje de los casos las sentencias finales terminan siguiendo, al menos en sus líneas esenciales, el criterio previamente fijado por estos juristas.
English (US) ·