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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado el cierre de El Helicoide, un centro de detención ubicado en Caracas y operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al considerar que su continuidad resulta incompatible con las garantías recogidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión forma parte de la sentencia dictada por el tribunal con sede en San José, Costa Rica, en el caso de Jorge Rojas Riera, quien fue detenido en septiembre de 2003 mientras participaba en una protesta en Caracas.
La Corte ha determinado que el Estado venezolano es responsable por la vulneración de diversos derechos de Rojas y ha incluido el cierre de El Helicoide entre las medidas de reparación ordenadas en el fallo. Según la sentencia, Rojas fue detenido de forma ilegal por agentes policiales y posteriormente recluido en este centro de detención.
Incompatible la continuidad del centro
En su resolución, la Corte Interamericana sostiene que la permanencia de El Helicoide en funcionamiento es incompatible con las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El tribunal argumenta que durante su estancia en el centro, Rojas sufrió actos de tortura que no fueron investigados, una situación que, según la sentencia, generó un riesgo agravado para su integridad personal y para sus garantías judiciales. Además, la Corte advierte de que ese riesgo continúa afectando a las personas que permanecen actualmente recluidas en las instalaciones.
La sentencia también ordena al Estado venezolano reabrir de forma "diligente" la investigación penal relacionada con los hechos denunciados por Rojas. El objetivo es esclarecer "plenamente" lo ocurrido, identificar a los responsables y, en su caso, proceder a su enjuiciamiento y sanción conforme a la legislación aplicable.
Asimismo, las autoridades deberán organizar un "acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional" en relación con los hechos examinados por la Corte.
Nuevas medidas contra la tortura y los malos tratos
Entre las medidas ordenadas figura la elaboración de un "protocolo especializado" dirigido a jueces, fiscales y otros funcionarios del sistema de justicia para la investigación de presuntos delitos de tortura y malos tratos.
La Corte también exige la adopción de "medidas de prevención", así como la creación de un registro centralizado y actualizado sobre denuncias, investigaciones y actuaciones relacionadas con presuntos casos de tortura ocurridos en El Helicoide. La sentencia incluye además el pago de las indemnizaciones fijadas como parte de la reparación a las víctimas.
El fallo se conoce meses después de que el Ministerio de Obras Públicas de Venezuela anunciara el inicio de obras para transformar El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural. El proyecto fue presentado a finales de febrero y está impulsado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, con el objetivo de readecuar las instalaciones.
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