Hace 1 día
1
Después de un par de meses de especulaciones, el Gobierno ha hecho oficial su descontento con la operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha traslado a la ejecutiva de Indra su “preocupación” por el conflicto de intereses que supone que la compañía adquiera la empresa de su presidente, Ángel Escribano, y que hoy dirige su hermano, Javier, quien también está sentado en el consejo de administación de Indra. "En la comunicación remitida SEPI ha trasladado a Indra su preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha“, ha dicho la SEPI en un documento remitido en la noche de este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La SEPI ha señalado que este conflicto de intereses "debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación. Por dicho motivo, SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra“. Esto significaría que el Estado no está dispuesto a seguir adelante con la operación mientras Escribano siga siendo el presidente de Indra. Esta semana, los mercados reaccionaron negativamente ante los rumores que apuntaban a que Moncloa quería desplazar de su puesto al directivo, con una caída en Bolsa del 4,19% el martes. Este miércoles, su valor se mantuvo casi plano, con una bajada mínima del 0,2% a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Ejecutivo, que ha llegado finalmente al cierre de los mercados.
Cabe recordar que la SEPI, hasta ahora, nunca se había pronunciado en contra públicamente de seguir adelante con una operación que saltó a los medios en abril del año pasado. De hecho, en diciembre, el consejo de administración de la compañía de tecnología y defensa votó por unanimidad que veía “coherente” la operación de integración entre ambas empresas en pleno auge del sector defensa en Europa. La integración con EM&E daría a Indra una capacidad industrial de la que actualmente carece y que requiere para dar respuesta a los contratos milmillonarios que le asignó el Ejecutivo el año pasado en el marco de los Programas Especiales de Modernización (PEM).
Entre ellos están los contratos de la nueva artillería pesada sobre ruedas y cadenas que el Ejecutivo le asignó a ambas compañías, valorados en 7.240 millones en conjunto. Además, recibirán una ayuda pública en forma de préstamos al 0% de interés de 3.002 millones. Esto último está en los juzgados después de que Santa Bárbara, filial española de la estadounidense General Dynamics, presentase un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Además, ha presentado un recurso de alzada (es una herramienta civil previa a la vía judicial) contra los contratos en sí mismos. Santa Bárbara aspiraba a ellos, pero el Ejecutivo prefería apostar por una compañía de capital español, aunque esta no contase ya con las capacidades necesarias.
La SEPI es actualmente el mayor accionista de Indra, con un 28% de los títulos, por lo que necesita recabar apoyos para lograr la destitución de Escribano de la presidencia de la empresa de defensa y tecnología. De su lado, contará con el voto de la compañía vasca Sapa, el tercer accionista de la empresa con el el 7,94%, según fuentes cercanas a Indra. Sin embargo, otros accionistas como Amber Capital, que cuenta con un 5% de la compañía, se han mostrado en contra de la salida de Escribano de la presidencia. Amber Capital es, además, el principal accionista del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS y CincoDías.
English (US) ·