Los fondos acreedores por el recorte de las renovables rastrean bienes españoles en el Mundial de fútbol de EE UU

Los fondos oportunistas que adquirieron los derechos de representación y de cobro en las demandas millonarias contra España por el recorte de las primas de las renovables han intensificado su ofensiva para cobrar indemnizaciones. Las firmas de inversión han iniciado nuevos procedimientos en tribunales de Estados Unidos para registrar los laudos arbitrales dictados a su favor y solicitar nuevos embargos bienes comerciales españoles en el país norteamericano que garanticen el pago de estas compensaciones. En este escenario, los fondos rastrean nuevos activos del Estado español susceptibles de bloqueo, por lo que han requerido información de cuentas bancarias, empresas con participación estatal, incluso sociedades involucradas en el Mundial de Fútbol de 2026.

Este nuevo paso tiene lugar después de que la justicia estadounidense rechazara la inmunidad soberana del Estado español ―recientemente también lo han hecho los tribunales supremos de Reino Unido y Singapur― y aceptara reconocer siete de la treintena de laudos que varias cortes de arbitraje (la mayoría de ellos salen de la corte de arbitraje del Banco Mundial, el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como Ciadi) han dictado a favor de los inversores, reconociendo indemnizaciones que superan, en total, los 1.700 millones de euros más intereses.

En concreto, el Distrito Federal de Columbia afirmó en varias resoluciones dictadas en el último semestre de 2025 que estos fallos arbitrales tienen carácter de sentencias firmes. Esta decisión abría la puerta a que los acreedores solicitaran el embargo preventivo de bienes como forma de garantizar el pago de las indemnizaciones ante el rechazo de España a realizar su abono. De este modo, dio luz verde para iniciar los procedimientos de ejecución en los casos los casos 9REN (41,7 millones de euros), Cube Infraestructure (33,7 millones), Watkins (77 millones), Infrastructure Services Luxembourg —conocido como caso Antin— (101 millones), RREEF (59,6 millones), InfraRed (28,2millones), NextEra (290,6 millones). La representación legal de España ha recurrido todos estos casos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En todos estos asuntos, los tribunales de arbitraje han fallado que España vulneró el Tratado de la Carta de la Energía al aprobar el tijeretazo a los incentivos prometidos por invertir en energías renovables, con carácter retroactivo. La medida controvertida fue adoptada, primero, durante la última etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero e impulsada después, en 2013 con la reforma del sector eléctrico, durante el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy.

Ahora, con dicho respaldo judicial, los fondos de litigación encabezados por Blasket Renewables han solicitado el registro de estos laudos en otros distritos federales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de buscar más bienes susceptibles de embargo. Según informan fuentes cercanas a los demandantes, los tribunales han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos (lo que se denomina discovery orders) para identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos situados bajo jurisdicción estadounidense que podrían ser objeto de embargo.

Y en este contexto, se han emitido requerimientos judiciales (subpoenas) dirigidos a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español, entes públicos con implantación en Estados Unidos o incluso sociedades involucradas en la participación del país ibérico en el Mundial de Fútbol, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, de acuerdo a las mismas fuentes, que han preferido no dar más detalle para mantener al máximo el secreto de la estrategia legal.

Ante la negativa de España de no pagar estas indemnizaciones, alegando que la Comisión Europea ―que ya se ha pronunciado en contra de la validez de estos laudos, con el caso Antin― debe dar su autorización y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha limitado los arbitrajes intra-UE (entre inversores y Estados miembros de la zona comunitaria), los fondos han explorado varias jurisdicciones extranjeras para hacer valer su reclamación.

Así, han solicitado el embargo de bienes españoles también en Reino Unido, Bélgica y Australia, destacando el bloqueo de 482 millones de euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía transferir a Enaire; o unos terrenos en el barrio londinense de Notting Hill, donde se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio internacional que tiene como sede un antiguo convento dominico, con más de un siglo.