La deriva ideológica de la Sanidad pública del Reino Unido ha vuelto a quedar al descubierto con una inquietante revelación sobre el impacto de la corrección política en la seguridad ciudadana. Según ha desvelado una investigación publicada por el diario británico The Telegraph, diversos departamentos psiquiátricos del NHS han presionado activamente a sus facultativos para evitar el internamiento de pacientes negros con trastornos psicóticos graves. El objetivo de estas directrices no era de carácter médico, sino meramente estadístico: querían reducir la sobrerrepresentación de minorías étnicas en los centros de reclusión mental y esquivar así acusaciones de racismo institucional.
Esta política, tildada por destacados profesionales médicos como un ejercicio de analfabetismo científico, antepone los dogmas progresistas de diversidad y discriminación positiva a la evaluación objetiva del riesgo. En el Reino Unido, las estadísticas señalan que los ciudadanos de origen africano o caribeño tienen una probabilidad 3,5 veces mayor de ser recluidos por motivos de salud mental en comparación con los blancos. Sin embargo, los expertos consultados por el diario británico explican que esta disparidad no se debe a un sesgo discriminatorio de los psiquiatras, sino a factores de riesgo como familias rotas, padres ausentes, exclusión educativa, privación social y un elevado consumo de cannabis. Todos ellos más frecuentes en individuos de estos orígenes.
El caso de Valdo Calocane
La consecuencia más dramática de estas decisiones ideológicas se ha traducido en muertes evitables. El caso más paradigmático es el de Valdo Calocane, un inmigrante con esquizofrenia paranoide que en junio de 2023 asesinó a puñaladas a tres personas en la ciudad de Nottingham. Durante el desarrollo de la investigación pública sobre la tragedia, se supo que en mayo de 2020 un equipo médico sopesó seriamente su internamiento forzoso tras un violento brote psicótico. No obstante, los facultativos optaron por mantenerlo en libertad tras debatir sobre los estudios que alertan de la presunta sobrerrepresentación de varones negros en las unidades de detención.
Pocas horas después de aquella controvertida puesta en libertad condicional, Calocane aterrorizó a una vecina intentando derribar su puerta, lo que la obligó a saltar desde un primer piso y le provocó lesiones graves en la columna vertebral. A pesar de haber sido internado posteriormente en cuatro ocasiones más, el sistema fue incapaz de retenerlo o de obligarle a recibir su tratamiento inyectable debido a la constante presión para evitar prácticas restrictivas basadas en su etnia.
Prestigiosos académicos e investigadores, como Sir Robin Murray, profesor del King's College de Londres, han alzado la voz contra esta situación. Murray ha advertido de la existencia de una presión política asfixiante para reducir de manera artificial el número de negros internados, ignorando que las enfermedades, tanto físicas como mentales, afectan a distintas comunidades de forma desigual.
Otros psiquiatras, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias profesionales, aseguran que se sienten bajo sospecha constante. "Una vez que un paciente sufre una psicosis, No debemos hacer sociología, debemos hacer medicina", ha sentenciado un antiguo médico del servicio público, alertando de que esta cobardía burocrática deja desamparados a los propios enfermos y desprotegida a la sociedad. Algunos de ellos han comparado la situación con el escándalo de las bandas paquistaníes de violación de menores como la de Rotherham, a las que no se detuvo durante años por el temor de la Policía a ser tachada de racista.

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