Hace 19 horas
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En los pasillos del Parlamento italiano circula una broma: de Hermanos de Italia se ha pasado al Gran Hermano de Italia. La ironía nunca falta, pero el asunto es serio y, desde luego, no afecta solo a Italia. El aviso de la Comisión Europea y las primeras grietas en la mayoría han obligado al Gobierno de Giorgia Meloni a bajar el ritmo de una reforma con la que pretende regular el uso de la inteligencia artificial en la seguridad, especialmente en el ámbito de la videovigilancia.
Dentro de un texto mucho más amplio, que el Ejecutivo quería aprobar antes de la pausa estival con una rapidez que ha despertado sospechas en distintos sectores políticos, hay dos artículos que han desencadenado una fuerte polémica.
El primero se refiere al reconocimiento facial en tiempo real. El texto permitiría a las fuerzas de seguridad utilizar sistemas de identificación biométrica en casos excepcionales, como la lucha contra el terrorismo o la búsqueda de personas desaparecidas, previa autorización de la autoridad judicial, que en situaciones de urgencia incluso podría solicitarse de forma oral.
El proyecto de ley
Uno de los puntos más polémicos era que los datos biométricos de los ciudadanos se podrían conservar durante siete días
Todavía más controvertido es el segundo punto. La norma prevé la posibilidad de conservar durante siete días los datos biométricos de potencialmente todos los ciudadanos que transiten por lugares considerados sensibles, como estadios, manifestaciones, plazas o grandes eventos. Si durante ese periodo se comete un delito, esos datos podrán utilizarse para identificar a los responsables; en caso contrario, deberán ser eliminados.
Es precisamente este aspecto el que concentra el enfrentamiento político. Para la oposición, numerosos juristas y asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales, la norma abre la puerta a una forma de “fichaje masivo”, acercando a Italia a los modelos de vigilancia utilizados en China. Un dato biométrico, subrayan, no es una simple imagen captada por una cámara: permite identificar automáticamente a una persona y reconstruir sus desplazamientos, con consecuencias potencialmente mucho más invasivas para la privacidad.
El Gobierno rechaza esa interpretación y sostiene que no se trata de una vigilancia indiscriminada, sino de una herramienta de investigación sometida a límites estrictos, utilizable únicamente en los casos previstos por la ley y con garantías similares a las que ya existen para la conservación de las imágenes de videovigilancia.
La cuestión, sin embargo, no es solo italiana. La Unión Europea aprobó el AI Act, el primer reglamento del mundo que regula el uso de la inteligencia artificial. La norma prohíbe, como principio general, el reconocimiento biométrico en tiempo real en los espacios públicos, aunque contempla algunas excepciones muy limitadas, por ejemplo para prevenir atentados terroristas, localizar a personas desaparecidas o perseguir a los autores de delitos especialmente graves. Según la oposición y numerosos expertos, el texto del Gobierno italiano interpreta esas excepciones de manera demasiado amplia. El Ejecutivo replica, en cambio, que se limita a aplicar lo que ya prevé el AI Act.
Aviso de la UE
El AI Act, el primer reglamento del mundo que regula el uso de la inteligencia artificial, prohíbe, como principio general, el reconocimiento biométrico en tiempo real en los espacios públicos
El pasado jueves, un portavoz de la Comisión Europea, precisando que no quería entrar en los detalles del texto italiano, recordó ese principio: “El reconocimiento facial en espacios públicos accesibles está prohibido por el AI Act”. El Gobierno italiano respondió que “seguirá respetando la normativa europea, como ha hecho hasta ahora”.
En realidad, después de la carrera contrarreloj de los últimos días, el Ejecutivo se ha visto obligado a bajar el ritmo. El Parlamento se ha tomado algunos días más para emitir su dictamen, también a causa de las divisiones dentro de la mayoría. Forza Italia asumió parte de las preocupaciones expresadas por la oposición y logró introducir algunas garantías adicionales, provocando el malestar de Hermanos de Italia. El texto definitivo debería aprobarse en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 5 de agosto, el último antes de las vacaciones de verano.
Calendario
El texto definitivo debería aprobarse en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 5 de agosto
Para Filippo Sensi, senador del Partido Democrático y uno de los parlamentarios que primero detectó los puntos más controvertidos del texto durante su tramitación en comisión, el problema es evidente: “Esto no es vigilancia, sino pesca de arrastre”. A su juicio, la aceleración con la que el Gobierno ha intentado sacar adelante el texto solo admite dos explicaciones. “Si quiero ser bienpensante, diría que responde a la obsesión securitaria de este Gobierno. Si quiero ser malicioso, pienso que quizá haya algún favor que hacer a las grandes tecnológicas”, afirma, pensando en los vínculos que personajes como Elon Musk y Peter Thiel han estrechado en Italia con sectores de la derecha.
El Gobierno insiste en que el objetivo es dotar a las fuerzas de seguridad de instrumentos adecuados frente a las nuevas amenazas y que la norma respetará plenamente el marco europeo. Pero el debate ya ha superado las fronteras italianas: cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial sin convertirla en una herramienta de vigilancia permanente es una cuestión que tarde o temprano tendrán que afrontar todos los países europeos.
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