Mónica García niega el caos del MIR y rechaza hacer autocrítica: "No tenemos nada que ocultar"

La ministra de Sanidad, Mónica García, volvió a respaldar el modelo de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Lo hizo este martes en un contexto marcado por las críticas a la última convocatoria del examen MIR, especialmente por problemas organizativos y retrasos.

Durante su intervención, García fue tajante y negó haber cometido ningún error: "No tenemos nada que ocultar", rechazando así las acusaciones de falta de transparencia en el proceso. Las declaraciones de la ministra se produjeron tras las preguntas formuladas por la popular Elvira Velasco, quien denunció supuestos "incumplimientos en la convocatoria de la FSE 2025-2026".

García negó cualquier intento de eludir sus responsabilidades y defendió que el Ministerio ha respondido a las dificultades surgidas en el proceso. Entre las medidas adoptadas, destacó cambios en la Junta de Contratación y en la aplicación informática, justificados por el fuerte incremento de aspirantes. Según explicó, este aumento ha obligado a adaptar un sistema que estaba diseñado para un volumen mucho menor de candidatos.

Problemas administrativos y retrasos

Uno de los puntos más controvertidos fue la publicación tardía de los resultados del MIR, que se hizo apenas horas antes de finalizar el plazo previsto. La ministra atribuyó esta situación a las dificultades en la revisión de aproximadamente mil expedientes, señalando que en muchos casos la documentación presentada por los aspirantes "no ha sido adecuada".

A pesar de ello, la ministra insistió en que el proceso ha garantizado los derechos de los candidatos y defendió que las decisiones adoptadas han buscado asegurar la participación de todos.

Frente a quienes calificaron el proceso de caótico, García sostuvo que se ha producido justamente lo contrario: una mejora en la transparencia. En este sentido, señaló que el sistema de elaboración de preguntas ha sido reforzado con mayores garantías jurídicas. Este hecho cobra aún más relevancia tras la dimisión en bloque del Comité de Expertos encargado del examen el pasado verano, un hecho que generó una gran incertidumbre en pleno proceso de preparación.

La reducción de las sedes

Otro de los cambios que generó debate fue la reducción del número de sedes del examen, que pasaron de 28 a 22. Ciudades como Cádiz, León, Gerona, Cáceres, Ciudad Real o Vigo quedaron fuera de esta convocatoria.

La ministra explicó que durante la pandemia se amplió considerablemente el número de sedes de forma excepcional y que ahora se ha intentado "volver a la normalidad". Aun así, aseguró que se han respetado las peticiones de las comunidades autónomas que solicitaron mantener sus sedes.

Una de las decisiones más polémicas fue permitir que aspirantes inicialmente no admitidos pudieran presentarse al examen. El Ministerio condicionó la corrección de sus pruebas a la resolución posterior de los recursos administrativos.

García defendió esta medida asegurando que no ha generado indefensión: "No ha habido indefensión, ha habido garantía de que, a pesar de que no había dado tiempo a revisar todos los expedientes, se ha dejado a todo el mundo que se presente para que esa revisión de expedientes se pudiera realizar a posteriori en esa baremación".

La convocatoria ha estado marcada por un fuerte malestar en el colectivo de aspirantes. Desde organizaciones como la Asociación MIR se llegó a calificar el proceso de "despropósito", denunciando incumplimientos reiterados de plazos.

También se cuestionó la calidad del examen y la inclusión de referencias a academias privadas en la bibliografía. Como respuesta, los representantes de los residentes solicitaron una auditoría externa para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. Sin embargo, desde el Ministerio se ha descartado, por el momento, la realización de dicha auditoría.

Los incidentes durante el examen

A las polémicas administrativas se sumaron sospechas de irregularidades durante la prueba. Aunque algunas acusaciones apuntaron a aspirantes concretos, incluido el número uno del examen, Sanidad ha asegurado que no constaban incidencias en su caso. Sí se confirmó, en cambio, la detección de un aspirante en Galicia utilizando dispositivos no permitidos, como un reloj y gafas inteligentes.

Más allá de las críticas, la ministra enmarcó los problemas en un contexto de crecimiento del sistema y defendió que el aumento de plazas y aspirantes ha obligado a modernizar los procedimientos administrativos.

Únicamente reconoció que los cambios pueden haber generado incertidumbre, pero insistió en que el objetivo es construir un sistema "más robusto, seguro y adaptado a la realidad actual".

Finalmente, García subrayó que, pese a las dificultades, el proceso ha cumplido sus objetivos esenciales: "Todos los aspirantes han podido examinarse, conocer sus resultados y acceder a la elección de plaza dentro de los plazos establecidos", sentenció la titular de Sanidad.