Ortega convoca a “consultas” para sus reformas constitucionales mientras aumenta la presión de Estados Unidos

Una carta del embajador permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrew Stevenson, enviada al Consejo Permanente del organismo confirma que Washington sigue liderando la respuesta regional contra la pretensión de Daniel Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua. Mientras en Managua el régimen copresidencial realiza “consultas” para imponer una reforma constitucional que estire el periodo presidencial a siete años con carácter “renovable” sin pasar por las urnas, el diplomático de Donald Trump convocó a una reunión de cancilleres “lo antes posible” para “deliberar sobre las medidas colectivas adecuadas” ante el desafío del caudillo nicaragüense de sepultar los últimos vestigios de la democracia y el pluralismo político.

Stevenson dijo que el deseo de liquidar las elecciones agrava “drásticamente la ya urgente situación en Nicaragua (...) Esta intensificación supone una amenaza para el interés común de los Estados de las Américas”, dijo el embajador. Agregó que la situación “exige una respuesta proporcionada y coordinada, mediante la cual los Estados Miembros puedan considerar las medidas colectivas adecuadas para protegerse y hacer frente a las amenazas que la dictadura de Murillo-Ortega representa para la paz hemisférica”.

De acuerdo a fuentes diplomáticas consultadas por este periódico, Estados Unidos utilizará la OEA para impulsar a que los países de la región presionen a Managua, y también echarán a mano del llamado Escudo de las Américas, una alianza política hemisférica lanzada en marzo pasado por el presidente Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio.

A la carta del embajador Stevenson dirigida a la OEA le antecedió un “llamado a la acción” hecho por el secretario Rubio el 21 de julio a los países de la región, dos días después de que Ortega dijera en plaza pública “aquí no volverá a haber elecciones”. La convocatoria del Departamento de Estado provocó una cascada de críticas diplomáticas a la pretensión de Ortega. Las más fuertes fueron las de Panamá y República Dominicana, que llamaron a consultas a sus embajadores en Managua. También hubo críticas de gobernantes con simpatías históricas hacia el sandinismo, como Lula da Silva en Brasil. Los silencios más significativos, en cambio, han sido los de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el de El Salvador, Nayib Bukele.

El diplomático Stevenson insistió en su misiva en que las acciones y declaraciones del régimen de Ortega y la copresidenta Murillo para abolir las elecciones “constituyen un rechazo directo al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas”. Sin embargo, aclaró que la resolución que apadrina “no constituye una autorización para el uso de la fuerza armada”.

A favor de una intervención de EE UU

Horas antes de que el embajador enviara la carta a los países miembros de la OEA –organismo al que el régimen copresidencial renunció en 2021–, la organización Hagamos Democracia presentó en San José, Costa Rica, los resultados de su más reciente sondeo ciudadano, que arroja luces sobre la opinión de los nicaragüenses ante la larga crisis sociopolítica que sufren: casi la mitad de los consultados, un 44,9%, prefiere “una intervención más directa de Estados Unidos y/o de actores internacionales”.

Cuando la consulta del organismo preguntó qué acción internacional sería más útil para apoyar una salida democrática en Nicaragua, una intervención más directa fue la opción más escogida. La cifra queda muy por encima del resto: el acompañamiento a una negociación política reunió 24%, la presión diplomática 14.1% y las sanciones a funcionarios responsables de abusos apenas 10.4%. Solo 3.5% consideró que ninguna acción sería útil.

No obstante, la consulta no precisa qué entienden los consultados por “intervención más directa”. La categoría es amplia y admite lecturas que van desde la presión económica agresiva hasta escenarios más drásticos, según Jesús Tefel, presidente de Hagamos Democracia. Pero la ronda se levantó en un momento marcado por el giro de Washington sobre la región. El propio cuestionario ancló el tema a las declaraciones de Marco Rubio sobre una nueva ruta de presión hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua, y el informe sitúa la consulta en un 2026 reordenado por la captura de Nicolás Maduro, un hecho que alteró el mapa de aliados del régimen Ortega-Murillo.

Esa preferencia, sin embargo, convive con un miedo igual de extendido a sus consecuencias. Al preguntar por el efecto más probable de una mayor presión de Estados Unidos, 49.5% espera que acelere una negociación o transición democrática. Pero un 38.9% anticipa con miedo lo contrario: que endurezca al régimen copresidencial y aumente la represión.

Tefel analizó que el respaldo a la intervención se entiende mejor a la luz del desencanto con las demás vías políticas. La consulta se levantó semanas antes del anuncio de Ortega de abolir las elecciones, y ya entonces la expectativa electoral estaba en el suelo: solo 40.1% creía que habría oportunidad para comicios libres en 2027, una caída de más de 15 puntos frente a marzo. El escepticismo, en otras palabras, no nació con el anuncio del caudillo sandinista el pasado 19 de julio. Ya estaba instalado en una ciudadanía que no confiaba en las elecciones que organismos de observación electoral y la oposición denunciaron como “farsas” sin “competencia real”.

Consultas en Managua

A pesar de las críticas, el Parlamento sandinista dirigido por Gustavo Porras ha iniciado una serie de “consultas públicas” con “todos los sectores del país”, después de que el régimen copresidencial intentara matizar la pretendida dilapidación de las elecciones bajo el argumento de que es una medida contra los “opositores golpistas” y la “intervención extranjera”. En esa línea, anunció que la formalizará con una reforma constitucional más, la que alarga el periodo presidencial a siete años con carácter “renovable”.

“¿Por qué siete años? Primero, porque tenemos derecho; primero, porque es una decisión de nosotros”, dijo Porras ante las fuerzas militares leales a los Ortega-Murillo que asistieron este martes a las consultas en el Parlamento. “El comandante nos dijo, y lo que estamos proponiendo es que quede claramente establecido en la Ley de Reforma que los períodos de nombramiento del comandante en jefe de las fuerzas militares del Ejército de Nicaragua y de los jefes de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua serán de siete años”, declaró el diputado, a lo que los jefes castrenses respondieron con aplausos.