Poner límites al transporte aéreo y la turistificación: empecemos por los vuelos cortos

Hace unos días, Enaire, la agencia estatal encargada de la gestión del tráfico aéreo en España, informó de que el pasado mes de julio se batió el récord histórico de vuelos operados en un mes: 257.909 operaciones. O, lo que es lo mismo, un avión aterrizando, despegando o surcando el cielo cada 12 segundos.

Espoleado por la temporada estival, el transporte aéreo constituye, a día de hoy, un aliado imprescindible para seguir aumentando la llegada de turistas nacionales e internacionales a destinos de todo el Estado. Algo que no solo incrementa la enorme presión turística que sufren numerosos territorios peninsulares e insulares, y que ha sido objeto de importantes protestas en las últimas semanas, sino que, además, intensifica otros impactos (ruido, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica, etc.) generados por este medio de transporte.

El récord de Enaire no es, sin embargo, algo extraño. Representa, más bien, un nuevo hito dentro de una situación estructural de fomento constante del tráfico aéreo en los aeropuertos turísticos del Estado. Si tomamos como ejemplo el aeropuerto de Málaga, en 2025 registró 186.990 operaciones aéreas, lo que equivale a una cada tres minutos durante las 24 horas del día. En Valencia se produjo un aterrizaje o despegue cada seis minutos. Y en Madrid y Barcelona los aviones sobrevuelan las conversaciones o el descanso de las vecinas cada minuto o minuto y medio aproximadamente.

En este contexto, podemos preguntarnos cuántos de esos vuelos podrían ser sustituidos por desplazamientos en otros medios de transporte con menor impacto. A día de hoy sigue existiendo un altísimo número de operaciones aéreas sustituibles por una alternativa ferroviaria ya disponible, segura y competitiva. Si tomamos el caso del aeropuerto de Madrid-Barajas, en 2025 se registraron más de 27.000 operaciones con origen o destino a Barcelona, Málaga, Valencia o Vigo, ciudades con conexión ferroviaria frecuente y directa de alta velocidad. Entre los 25 destinos más volados desde el aeropuerto madrileño, seis son rutas a ciudades situadas dentro del territorio peninsular. Y, según datos de Dataestur, las rutas aéreas nacionales con destino Madrid y Barcelona encabezaron el ranking de los 10 trayectos más volados en julio y agosto de 2025 (4,8% y 4,1% del total, respectivamente) hacia y en España, incluyendo los internacionales.

Por tanto, es necesario enumerar los beneficios de la sustitución de vuelos cortos por viajes en tren. Según un estudio de Ecologistas en Acción, la eliminación de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria de hasta cuatro horas ahorraría anualmente unas 50.000 operaciones aéreas y más de 300.000 toneladas de CO2, equivalentes a casi el 10% de todas las emisiones producidas por la aviación doméstica en España. Esta reducción supondría ahorrar 50 millones de euros al año en daños colaterales (accidentes, contaminación, ruido, daños al hábitat, etc.), que todos pagamos a través de impuestos y a costa de nuestra calidad de vida. Todo ello, sumándole un ahorro más para los usuarios: el tiempo de viaje. En el estudio se demuestra que el tiempo total de viaje en tren para cualquiera de los trayectos analizados es inferior al tiempo necesario para realizarlos en avión. Y con un confort adicional para poder trabajar o descansar, por ejemplo.

Sin embargo, pese al discurso retórico practicado por el Gobierno durante los últimos tiempos en torno a la posible eliminación de los vuelos cortos, poco se ha hecho hasta la fecha para avanzar en este ámbito. Ya han pasado más de cinco años desde que Pedro Sánchez propusiera la eliminación de vuelos cortos en el Plan España 2050, poco antes de que esta medida fuera aprobada en Francia. Casi tres desde la firma del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar en el que ambas fuerzas se comprometían a impulsar la reducción de los vuelos domésticos. Y más de ocho meses desde que el 5 de diciembre de 2025 entrara en vigor la Ley de Movilidad Sostenible, la cual incluye la obligación del Ejecutivo de elaborar un estudio con una propuesta de sustitución de vuelos con alternativa ferroviaria en un plazo de seis meses a partir de dicha fecha.

A pesar de la inacción del Gobierno durante todo este tiempo, se ha consolidado el apoyo político y social a la sustitución de vuelos cortos por desplazamientos en tren. Así lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que cuatro grupos parlamentarios incluyeran esta medida entre sus enmiendas al texto de la Ley de Movilidad Sostenible. Otros que no lo hicieron mostraron su apoyo a estudiar la posibilidad de una sustitución progresiva allí donde la alternativa ferroviaria sea adecuada. A nivel social, diferentes encuestas de opinión muestran un sólido apoyo a la eliminación de vuelos cortos con alternativa ferroviaria. Igualmente, los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señalan una cuota modal superior al 80% a favor del tren en los principales corredores en los que existe competencia con el modo aéreo.

No solo no se avanza en la reducción de vuelos cortos, sino que, además, asistimos, con preocupación, a la tramitación de un nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2027-2031) que contempla la ampliación de capacidad de una docena de aeropuertos de todo el Estado, con el objetivo de seguir estimulando la llegada de turismo internacional. Este plan, dotado con un presupuesto de 13.000 millones de euros, amenaza con intensificar exponencialmente los ya preocupantes impactos sociales, ambientales y económicos que tanto el transporte aéreo como el turismo masivo están generando en territorios de todo el Estado.

La realidad que nos rodea nos obliga a actuar de manera consecuente ante todos los retos presentes y futuros a los que nos enfrentamos. La transición a modelos de movilidad -y de turismo y consumo- con menor impacto ya no es una opción, sino una obligación. El Gobierno es responsable de hacerlo con la mayor rigurosidad y celeridad posibles. Sustituir vuelos cortos por desplazamientos en tren contribuiría significativamente a mejorar el aire que respiramos y la calidad de vida de la sociedad española.