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La izquierda política y mediática se encuentra en un estado de nerviosismo absoluto tras conocerse el último auto del juez Peinado. Este documento judicial no sólo estrecha el cerco sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, sino que apunta directamente a la figura de Pedro Sánchez. El magistrado ha solicitado el procesamiento de Gómez por un jurado popular, imputándole cuatro delitos de extrema gravedad: corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida.
El aspecto que más ha desatado las alarmas en el Palacio de la Moncloa es el hecho de que el auto mencione de forma expresa y reiterada el nombre del presidente. No se trata de una alusión velada, sino de una identificación directa de Pedro Sánchez Pérez-Castejón como el nexo de unión que permitió a su esposa acceder a círculos de poder y empresariales que, de otro modo, le habrían estado imposible acceder. Este movimiento judicial desmonta la narrativa gubernamental que pretendía aislar los negocios de la mujer del presidente de la acción política de este.
En el análisis detallado del auto, se destaca el delito de tráfico de influencias. El juez Peinado explica que este tipo penal "exige un dolo, aunque sea indirecto, que se manifiesta en el aprovechamiento deliberado de una posición influyente para orientar o influir en la toma de decisiones públicas". Aquí es donde la figura de Sánchez adquiere un protagonismo jurídico inquietante, pues es su cargo el que dota a Begoña Gómez de la capacidad de influencia necesaria para intervenir en procesos como los rescates de empresas o la adjudicación de contratos millonarios.
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