Tragsa reconoce “carencias relevantes” en los controles sobre la expareja de Ábalos que achaca a la “presión” de Adif

La empresa pública Tragsa ha reconocido “carencias relevantes” en la supervisión de Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos que estuvo contratada entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de 2021 por la supuesta influencia del exministro de Transportes. No obstante, las ha achacado, “en parte”, a “la presión ejercida por el cliente externo”, que era Adif.

Así consta en las conclusiones de la investigación interna que Tragsa llevó a cabo tras el estallido del caso Koldo, en el marco del cual se indaga en la presunta contratación irregular de Rodríguez en esta y otra empresa pública, Ineco. Ella admitió en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que cobró ―unos 43.978 euros entre los dos sitios― pero nunca llegó a hacer trabajo alguno. En el informe ejecutivo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Tragsa asegura que “no existe evidencia de que dicho cliente hubiera comunicado incidencia alguna ni informado sobre un eventual incumplimiento en la ejecución de las funciones asignadas”. Por el contrario, señala que, “de las comunicaciones mantenidas entre la empresa y el responsable del proyecto por parte del cliente, se infiere de manera implícita que la persona trabajadora desempeñaba sus tareas con normalidad”.

Sí revela “incidencias reiteradas en el registro horario” de Rodríguez que “fueron advertidas por los sistemas internos de control, sin que conste la adopción de medidas correctivas eficaces ni oportunas por parte de los responsables de la unidad”. Tragsa sospecha que al menos uno de esos partes “fue elaborado directamente por uno de los responsables”.

Rodríguez declaró como testigo ante el Tribunal Supremo en febrero de 2025. El juez acordó su citación después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara en uno de sus informes que Ábalos había utilizado su “influencia” para que su entonces pareja fuera contratada en empresas dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía. El instituto armado también apuntó que la presunta trama pagó el alquiler del piso en Madrid en el que vivía Rodríguez.

La mujer aseguró ante el magistrado Leopoldo Puente que consiguió sus contratos en Ineco y Tragsatec tras darle su currículum al exministro, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Rodríguez precisó que los contratos los gestionó Joseba García —hermano de Koldo García— y que ella no acudía realmente a su puesto de trabajo ni trabajaba a distancia. Reconoció, sin embargo, que sí cobró de ambas empresas. No obstante, insistió en que, en ese momento, no sabía que eran sociedades públicas.

En el marco de la investigación, Ineco y Tragsatec informaron de que pagaron a Rodríguez un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada. En la documentación aportada, a la que ha tenido acceso este periódico, la primera precisó que le había abonado 34.422,16 euros entre marzo de 2019 y febrero de 2021 —más un pago de 18,5 euros en marzo de ese año y otro de 37,2 euros en diciembre—. La segunda empresa, por su parte, detalló que había pagado 9.500,54 euros brutos entre marzo y septiembre de 2021. Aunque el Supremo ha realizado el ofrecimiento a ambas empresas públicas, durante la instrucción envió a la Audiencia Nacional la parte de la investigación relativa a la contratación de Rodríguez.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]