Tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso imputados en el ‘caso residencias’ vuelven la semana que viene a los juzgados

Tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid deben declarar como investigados el martes y el miércoles en dos juzgados de la región por su rol en la crisis de las residencias en 2020, según informan las asociaciones de familiares de fallecidos. Los comparecientes son los ex directores generales de la Consejería de Sanidad Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el gerente de las ambulancias Pablo Busca. La causa llevaba meses congelada porque muchos jueces de instrucción están a la espera de si se abre una macrocausa en un juzgado, una decisión que corresponde a la Audiencia Provincial.

Las asociaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia han informado de que los tres exresponsables están citados el martes a las 10.00 en el juzgado de instrucción 23 de Madrid y el miércoles a las 10.00 en el 2 de Collado Villalba. En estos procedimientos también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente. Estos médicos eran los encargados de aplicar el filtro de los protocolos de triaje que diseñó la Consejería de Sanidad.

Estos tres ex altos cargos y un exasesor de Ayuso, Antonio Burgueño, han sido imputados por múltiples juzgados de la región de Madrid, pero hasta ahora no se ha producido ninguna declaración de ese tipo. Las que habían sido señaladas antes se suspendieron por distintos motivos.

El 26 de mayo, los investigados alegaron ante la jueza del 3 de Madrid que no se les había dado traslado de la causa y el 17 de junio, la jueza del 6 de Leganés suspendió el procedimiento porque consideraba que los hechos eran similares a los que instruía su compañera de la capital y solo un juzgado debía ocuparse de ellos. Las muertes se investigan en distintos juzgados en función del lugar donde se produjeron.

Hasta mayo no se había producido ninguna imputación en un caso que parecía encaminado a la derrota para las familias tras cinco años de batalla judicial. El giro se explica por el énfasis que han puesto las asociaciones en el delito de discriminación en la prestación de un servicio público (la asistencia sanitaria).

Sin embargo, la investigación se paralizó en seco en verano, cuando la jueza del 3, María Isabel Durantez, rechazó hacerse cargo de otros procedimientos. Las familias recurrieron en septiembre y están a la espera de que la Audiencia Provincial decida. Según han informado, Peromingo apoya la acumulación, pero Mur se ha opuesto.

Cuando ocurrieron los hechos, en marzo y abril de 2020, Mur era el director de coordinación sociosanitaria y como tal firmó las cuatro versiones de los protocolos de triaje para las residencias. Peromingo fue el geriatra que coordinó la redacción de esos documentos y Busca era el gerente del Summa 112, encargado de las ambulancias.

Las dos asociaciones han enviado sendas notas de prensa con los detalles de las declaraciones y un breve mensaje destinado a los declarantes: “Confiamos en que después de dos aplazamientos en otros tantos Juzgados, esos ex altos cargos declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida a las personas que vivían en las residencias de Madrid durante la pandemia”.

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