Un juez niega el asilo a la familia del niño Liam Conejo Ramos y abre la puerta a su deportación

La imagen de un niño con gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, rodeado de agentes federales, no solo recorrió Estados Unidos: se convirtió en símbolo de una política migratoria cada vez más agresiva. Liam Conejo Ramos, de cinco años, pasó de ser un estudiante de preescolar en Minnesota a una de las caras más visibles del endurecimiento migratorio impulsado por la Administración de Donald Trump. Ahora, su caso entra en una fase decisiva. Un juez federal de inmigración en Nueva York ha negado la solicitud de asilo de su familia, lo que ha abierto la puerta a su deportación, aunque el proceso aún no está cerrado.

Los abogados han apelado a la decisión, lo que les permite permanecer en el país mientras el caso sigue en revisión. La resolución, según explicó a la prensa el abogado Paschal Nwokocha, no es reciente, aunque fue dada a conocer públicamente esta semana. “Hace unas semanas, un juez de inmigración con sede en Nueva York emitió una decisión para terminar su solicitud de asilo y ordenar su expulsión de Estados Unidos”, señaló. Sin embargo, aclaró que la apelación ya fue presentada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y sigue pendiente.

El punto más controvertido del fallo es que, según la defensa, la familia —originaria de Ecuador— nunca tuvo la oportunidad de presentar su caso plenamente. “El desafío que tenemos es que no han tenido la oportunidad de contar su historia ante un juez de inmigración. El juez terminó el caso sin el beneficio de que se presentaran los méritos de su caso ante el tribunal”, afirmó Nwokocha.

La historia de Liam comenzó a captar atención nacional el 20 de enero, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron junto a su padre en la entrada de su casa en Columbia Heights, Minnesota, durante la campaña de control de la inmigración en ese Estado. Según autoridades escolares, el niño habría sido utilizado como señuelo para que los agentes pudieran ingresar al domicilio, una acusación que elevó la indignación pública.

Ambos fueron trasladados a un centro de detención familiar en Dilley, Texas. La detención ocurrió pese a que la familia tenía una solicitud de asilo en curso tras haber ingresado a Estados Unidos en 2024.

Las imágenes del niño bajo custodia, difundidas ampliamente, provocaron protestas y presión política. El juez federal Fred Biery ordenó su liberación en febrero, criticando duramente las acciones del Gobierno. El magistrado calificó el caso como resultado de una “búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada de cuotas diarias de deportación, incluso si requiere traumatizar niños”.

Pese a la reacción pública, el Gobierno no dio marcha atrás. En lugar de ello, intensificó sus esfuerzos para deportar a la familia mediante mecanismos acelerados. Uno de ellos es la llamada “expulsión expedita”, una herramienta ampliada recientemente que permite acelerar procesos de deportación para migrantes que llevan menos de dos años en el país.

Además, el Gobierno solicitó cerrar el caso de asilo sin una audiencia en la que la familia pudiera abogar por su petición, una estrategia cada vez más utilizada para agilizar deportaciones. El juez de inmigración aceptó ese argumento, dejando a la familia con un plazo limitado para apelar. “Considerando todo lo que esta familia ha pasado, el trauma y la reacción pública, es increíble que el Gobierno continúe traumatizándolos”, dijo Nwokocha. También cuestionó la urgencia de las autoridades. “La familia sigue en shock sobre por qué el Gobierno tiene tanta prisa por deportarlos sin darles su día en la corte”.

Según la defensa, la familia de Liam no tiene antecedentes criminales y cumple con los requisitos legales para solicitar asilo. “Esta familia no ha violado ninguna ley de Estados Unidos”, afirmó el abogado, añadiendo que no representan “lo peor de lo peor”, como ha descrito la Administración a sus principales objetivos.

Mientras tanto, el distrito escolar de Columbia Heights, donde Liam estudia, calificó la decisión como “desgarradora”. En un comunicado, expresó: “Entendemos que esta decisión será apelada y seguimos esperanzados en un resultado positivo. Nuestros pensamientos están con Liam y su familia, y continuaremos abogando por él y todos los niños”.

El desenlace ahora depende de la Junta de Apelaciones de Inmigración, un organismo cuya composición ha cambiado en el último año y que actualmente está integrado en su mayoría por designados de la Administración Trump. No se ha anunciado cuándo se tomará una decisión.