Acciona ha advertido a Hacienda de que Servinabar, la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, le facturó entre los años 2021 y 2024 más de 677.000 euros por la prestación de unos servicios “cuya materialización no ha podido ser constatada” y sobre los que "existen dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental”, es decir, de los contratos. La empresa constructora aportó esta información a la Agencia Tributaria en el marco de las autoliquidaciones complementarias que presentó el 18 de diciembre de 2025 por el Impuesto de Sociedades de esos ejercicios fiscales, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Acciona explicó a Hacienda que las autoliquidaciones se debían a la necesidad de hacer un “ajuste positivo” a la base imponible por esas facturas de Servinabar bajo sospecha. Se trata de siete facturas por un total de 101.167,27 euros en 2021; otras 11 por 148.221,82 euros en 2022; 14 por 197.629,09 euros en 2023; y 16 por 230.567,27 euros en 2024.
Acciona también hizo autoliquidaciones complementarias para esos años por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en relación con esas mismas facturas, señalando igualmente a Hacienda que se debía a la prestación por parte de Servinabar de trabajos en “duda”, “dada la no deducibilidad de las cuotas de IVA soportado” por el gigante de la construcción.
La Agencia Tributaria abrió el pasado marzo procedimientos inspectores contra Acciona por el Impuesto de Sociedades y el IVA de 2021, 2022 y 2023, pero tras recibir las autoliquidaciones complementarias, advirtiendo sobre esas 48 facturas de Servinabar, solicitó al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que suspendiera las inspecciones al entender que el curso de las pesquisas puede alterar la base imponible de dichos tributos si se acredita que la facturación realizada por Servinabar o su participación en Unión Temporal de Empresas (UTE) responde a “prestaciones de servicios inexistentes”.
El magistrado accedió a la petición de Hacienda y dejó en suspenso los procedimientos inspectores sobre Acciona relativos al Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, “exclusivamente en lo relativo a la comprobación de las prestaciones de servicios realizadas por Servinabar”.
Según la investigación judicial, Cerdán sería dueño al 45% de la mercantil navarra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja en sus informes que esta pequeña empresa se alió con Acciona en varias Uniones Temporales de Empresas (UTEs), de las que se llevaba un 2%. Así las cosas, los trabajos que Servinabar recibió a través de Acciona supusieron su principal fuente de ingresos, más del 75%, de acuerdo con los investigadores.
En esta investigación figuran también como investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García. Ambos permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.

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