Azcón reactiva su ley de Vivienda con la ‘prioridad nacional’ impuesta por Vox

La aplicación del polémico concepto de ‘prioridad nacional’ registrado en los acuerdos de Gobierno entre el PP y Vox en diferentes autonomías va cogiendo forma. En Aragón, uno de los primeros pasos será incluirla vía enmienda en la nueva ley de Vivienda que el Ejecutivo ya presentó en 2024, pero que no salió adelante precisamente por la falta de acuerdo entre las dos derechas. Ahora, ambas formaciones esperan que se comience a aplicar en el primer trimestre de 2027.

Según el consejero de Fomento y Vivienda, el popular Octavio López, el Ejecutivo remitirá a las Cortes “exactamente el mismo texto” que no se aprobó hace dos años. De esta forma, no tendrán que repetir el periodo de información pública que se llevó a cabo entonces, cuando se presentaron 54 alegaciones totales y otras 184 parciales, lo que permitirá acelerar el trámite e iniciar el proceso de presentación de enmiendas. “No se hurta el debate parlamentario”, ha defendido en rueda de prensa.

Será en ese momento cuando PP Y Vox introducirán de forma conjunta los acuerdos alcanzados en materia de vivienda recogidos en su pacto de gobierno, para así “ajustar este texto al pacto programático”. Entre los mismos, ha añadido, se recoge esa ‘prioridad nacional’ para el acceso a la vivienda pública, con la exigencia de un arraigo “real y prolongado” de un mínimo de diez años para la compra de vivienda pública o de cinco para el alquiler. “Ese será el estándar mínimo que se establecerá”, ha incidido López.

En esas enmiendas también se recogerá el compromiso pactado de impulsar 4.000 viviendas públicas durante esta legislatura o definir un nuevo sistema de acceso “transparente, auditado y controlado” a las VPO, que además se blindarán de por vida. Más dudas hay sobre la rebaja fiscal vinculada a la vivienda, ya que el Ejecutivo todavía debe analizar si debe estar recogida en esta norma o en la ley de Presupuestos.

En lo que todavía no hay un acuerdo entre ambos socios de Gobierno es en el impulso de soluciones residenciales como el cohousing y el coliving, duramente criticadas por los ultras. “Llegaremos a un entendimiento”, ha pronosticado López, que ha apuntado a “alguna fórmula intermedia” con un cambio de denominación.

“La idea del Gobierno es que esta ley esté aprobada en el peor de los escenarios en el primer trimestre del año 2027”, ya que a finales de este año se tramitará el presupuesto de ese año, ha dicho el consejero. De esta manera, Aragón tendrá una ley específica para la materia más de 40 años después de que las competencias fueran transferidas a la comunidad.

Corresponsal en Aragón desde enero de 2023. Antes, periodista en la región Asia-Pacífico con base en Hong Kong (2014-2022) Licenciado en Periodismo y en Derecho