Hace 2 horas
1
El conflicto internacional provocado por los impagos de España a los inversores afectados por los recortes retroactivos a las energías renovables ha dado un nuevo salto de relevancia internacional. Y es que el Financial Times dedica este jueves una amplia información a la ofensiva judicial emprendida por los acreedores españoles en Estados Unidos, poniendo el foco en los intentos de embargo que rodean la participación de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.
El periódico explica que los acreedores de nuestro país "han obtenido autorización judicial para perseguir activos españoles en más de diez estados norteamericanos donde España podría disputar partidos durante el campeonato". Según recuerda el rotativo, "los afectados por los incumplimientos han remitido requerimientos judiciales a la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Adidas y el hotel donde se aloja la expedición española en Tennessee para localizar posibles bienes embargables".
La información supone un importante golpe reputacional para el Gobierno de Pedro Sánchez, al ser el FT uno de los periódicos más influyentes del mundo. Dicho medio subraya en su información "la aparente contradicción de que un Ejecutivo que se presenta como firme defensor de la transición energética siga litigando para evitar el pago de indemnizaciones derivadas, precisamente, de la retirada retroactiva de incentivos a las energías renovables".
El medio recuerda que España "acumula ya 27 derrotas arbitrales relacionadas con los recortes aprobados en 2013 y que las obligaciones derivadas de estos procedimientos superan los 1.700 millones de euros", sin contar determinados intereses acumulados. Los acreedores sitúan la cifra total pendiente de cobro por encima de los 2.315 millones de euros.
La publicación también destaca que la batalla ha llegado hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que previsiblemente decidirá a finales de junio si acepta estudiar el recurso presentado por España para intentar bloquear la ejecución de los laudos en territorio norteamericano. El propio Departamento de Justicia estadounidense ha recomendado al Supremo que no admita el caso, al considerar poco probable que prosperen los argumentos españoles basados en la inmunidad soberana.
El artículo recoge también las declaraciones de Matthew McGill, abogado de los acreedores y socio del bufete King & Spalding, quien advierte de que los acreedores están dispuestos a perseguir "cualquier tipo de activo" que España posea o controle en Estados Unidos. McGill sostiene que tanto el Gobierno español como la Comisión Europea "se están quedando sin margen de maniobra".
En paralelo, los acreedores anuncian que continúan ampliando sus acciones de cobro en Reino Unido y Australia, así como en Holanda, Bélgica o Singapur, exacerbando así un conflicto que amenaza con seguir minando la imagen de España en algunos de los principales centros financieros internacionales.
English (US) ·