El CSD eleva al TAD las denuncias contra la Liga femenina de fútbol

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha decidido elevar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la denuncia contra los principales dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F), con la presidenta Beatriz Álvarez a la cabeza.

En concreto, el que fuera vicepresidente del organismo, Rubén Alcaine, acusa a Álvarez de cometer varias irregularidades graves en la gestión de la Liga F, incluyendo extralimitación de funciones, ocultación de información y fraude de ley o procedural.

Las denuncias fueron formuladas el pasado mes de junio, cuando Alcaine, hasta entonces número dos de la patronal del fútbol femenino, denunció la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria promovida por Álvarez. Según su versión, esa convocatoria fue "irregular": aseguraba que no se respetaron los estatutos de la Liga F, en particular lo previsto en el artículo 36 sobre el órgano competente para convocar —la Comisión Delegada—, lo que habría convertido la asamblea y su moción de censura en nulas de pleno derecho.

¿Qué se le imputa a Beatriz Álvarez?

• Extralimitación de funciones. La denuncia sostiene que Álvarez actuó más allá de lo que sus estatutos le permitían al convocar la asamblea general de forma unilateral, sin pasar por la Comisión Delegada.

• Ocultación de información y obstrucción a la transparencia. Desde enero de 2024, según Alcaine, se le habría impedido acceder a documentación contable, grabaciones de sesiones colegiadas y otros materiales esenciales para ejercer su cargo. A pesar de requerimientos formales vía burofax, sostiene que la información no le fue facilitada.

• Fraude de ley / procedural. El denunciante alega que algunos clubes cuya participación fue clave para alcanzar la mayoría en la moción de censura —como el Valencia CF y el Real Betis— ya habían perdido su condición de asociados al descender, por lo que no deberían haber tenido derecho a voto. Su inclusión, según Alcaine, habría servido para "blindar" artificialmente la mayoría.

En total, se denuncian cuatro infracciones muy graves, lo que, de acreditarse, conllevaría una inhabilitación de hasta ocho años para Álvarez —y también, en teoría, para el director general de la Liga F, Pablo Vilches, también citado en la denuncia—.

Por qué el CSD ha decidido remitir el caso

Tras evaluar la denuncia, Rodríguez Uribes ha dado traslado al TAD para que analice si existe base suficiente para abrir un expediente sancionador. Así, el CSD considera que hay elementos de indicio de que las actuaciones denunciadas "merecen ser valoradas en profundidad".

Este movimiento se produce pocos días después de que el TAD abriese expediente al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por otro caso de presunta vulneración de confidencialidad. El TAD acumula así múltiples frentes abiertos con los dirigentes de las ligas profesionales.

Fuentes cercanas al procedimiento estiman que la decisión sobre abrir o no expediente podría tomarse en un plazo aproximado de un mes.

Los antecedentes

Lo cierto es que el desafío institucional en la Liga F no es nuevo. El conflicto estalló cuando Álvarez, en enero de 2024, retiró a Alcaine sus funciones delegadas alegando un "riesgo reputacional". Desde entonces, se produce una escalada de acusaciones internas, mociones de censura y denuncias formales.

Este caso llega en un momento sensible: el fútbol femenino en España vive un auge mediático y deportivo, con éxitos de selecciones —como la conquista de la Liga de Naciones, este mismo martes frente a Alemania en el estadio Riyahd Air Metropolitano de Madrid— y un creciente interés social. Que la cúpula de su liga esté envuelta en una crisis de gobernanza —y posiblemente ante sanciones ejemplares— podría dañar su imagen, generar desconfianza en los clubes y amenazar la estabilidad institucional.

Además, la inclusión del director general, Pablo Vilches, sugiere que el problema no se limita a descontrol de gestión personal, sino que apunta a una estructura institucional cuyo funcionamiento —o disfunción— está siendo cuestionado.

Si el TAD considera acreditadas las infracciones denunciadas, podría imponer una sanción de inhabilitación de hasta ocho años a Álvarez —y posiblemente a Vilches—, lo que supondría una reconfiguración drástica de la cúpula de la Liga F. Más allá de la sanción, la decisión del tribunal marcaría un precedente en materia de gobernanza del fútbol femenino: un mensaje claro sobre la exigencia de transparencia, legalidad estatutaria y respeto a los principios democráticos internos.

Si, por el contrario, el TAD decide archivar o reducir el caso, podría dejar un sabor de impunidad, tensar aún más las relaciones internas y generar desafección entre miembros críticos —como los clubes que apoyaron al denunciante—, afectando la credibilidad de la Liga F.

En cualquier caso, la elevación al TAD de las denuncias contra Beatriz Álvarez representa un giro grave en la crisis institucional que atraviesa la Liga F. Lo que comenzó como disputas internas de poder —entre presidente y vicepresidente— ha escalado hasta un posible expediente sancionador con consecuencias muy serias y lo que está en juego no es solo el futuro de una persona, sino la reputación y la estabilidad del fútbol femenino profesional en España.