El exfiscal general esgrime que su condena “secuestra” su capacidad de defender a la Fiscalía cuando se ve “atacada”

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos argumentando que supone un “secuestro y acallamiento” de su función de emitir comunicados o desmentidos cuando la institución se ve “gravemente atacada”. La Abogacía del Estado ha presentado un incidente de nulidad en el que reclama la suspensión de la ejecución de la sentencia, el último paso antes de acudir al Tribunal Constitucional para tratar de revocar la pena que también incluye una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue quien le denunció.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa de García Ortiz insiste en que la sentencia del Supremo supone “un secuestro y acallamiento” de la posibilidad que tiene la Fiscalía y su máximo dirigente de emitir “comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada”. A su juicio ello, vacía de contenido la “función constitucional de información” del ministerio público y genera un efecto de “amedrantamiento evidente” en “los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” (TEDH).

Los Servicios Jurídicos del Gobierno, que han defendido a García Ortiz durante todo el procedimiento, han presentado esta documentación que, en la práctica, es un trámite para que la Sala de lo Penal se retracte de su propia condena. Una posibilidad muy remota, de acuerdo a las distintas fuentes jurídicas consultadas, después de que la sentencia se acordara por cinco votos a favor —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela— y dos en contra —Susana Polo y Ana Ferrer.

Los magistrados dieron a conocer todos los argumentos de la sentencia el pasado 9 de diciembre y consideraron al que fuera jefe de la Fiscalía responsable “con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación” de la filtración de un correo en el que González Amador a través de su abogado se declaraba culpable de dos delitos contra la Hacienda Pública y responsable también de la elaboración y posterior difusión de la nota de prensa que explicaba a los periodistas cómo se habían sucedido los hechos.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ya presentó a finales de diciembre un incidente de nulidad en el que reclamaba lo mismo: que se revocara la sentencia contra García Ortiz porque se había vulnerado tanto la presunción de inocencia como el derecho a la defensa y se habían omitido de forma deliberada testimonios que alumbraban su absolución. La Fiscalía acusó a los magistrados de haber desdoblado la acusación al introducir la nota de prensa dentro del marco delictivo cuando durante la instrucción esto no se había considerado. “Ello constituye un hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso, el hecho imputado, sin que de ello se haya dado oportunidad de alegación de contradicción al acusado”, señaló.