El Gobierno también ataca a la Comunidad de Madrid por retirar la concesión de Vallecas al Rayo

La polémica entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano sobre la gestión del Estadio de Vallecas ha dado un paso más y ha saltado al Gobierno. El ministro Félix Bolaños ha mostrado su malestar con la decisión de Ejecutivo autonómico de eliminar la concesión del estadio al club y ha planteado varias preguntas sobre el proceso.

"¿Por qué la Comunidad de Madrid extingue la concesión del campo de Vallecas al Rayo por el abandono de la propia Comunidad Madrid?", ha comenzado cuestionando. Bolaños también pide explicaciones por el momento en el que se ha comunicado la noticia: "¿Por qué se hace días antes del inicio de Liga, perjudicando al equipo?". Por último, ha lanzado una acusación al Partido Popular: "¿Se va a privatizar la nueva concesión? ¿El PP contra Vallecas y el Rayo?".

Desde la Comunidad de Madrid se sostiene que la decisión se ha tomado después de una auditoría técnica que detectó problemas relacionados con la seguridad, la salubridad y el mantenimiento del recinto. La medida se adoptó en coordinación con LALIGA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La extinción de la concesión

Mariano de Paco Serrano, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, fue quien anunció la extinción de la concesión administrativa del Estadio de Vallecas y la suspensión cautelar de la misma. Según explicó, una auditoría encargada en octubre dentro del proyecto de reforma integral del estadio concluyó que las instalaciones presentan una situación de "obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo".

Por ello, se procedió a tomar parte en el asunto. El consejero señaló que, después de la suspensión, el Rayo Vallecano "ya no es el concesionario del estadio" y, además, aseguró que será la Comunidad quien asuma la gestión de las actuaciones urgentes para poder garantizar las condiciones necesarias de seguridad.

Son varias las deficiencias que se han detectado como problemas en los sistemas de protección contra incendios, en las instalaciones eléctricas, en el alumbrado de emergencia así como en distintos elementos relacionados con el mantenimiento del recinto. Asimismo, en el informe aparece la falta de documentación sobre la legalización de instalaciones esenciales y la ausencia de registros de inspecciones periódicas y planes de mantenimiento obligatorios.

Impedir el acceso a los técnicos

La Comunidad de Madrid recurrió a la Policía Nacional después de que el Rayo Vallecano impidiera el acceso de los técnicos encargados para iniciar los trabajos urgentes. Según cuentan desde el Ejecutivo autonómico un equipo de especialistas en jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación acudió al estadio pero responsables del club, entre ellos el vicepresidente y el jefe de los servicios jurídicos, les negaron la entrada a las instalaciones.

Desde el Gobierno autonómico sostienen que, tras la suspensión cautelar de la concesión, Vallecas quedó bajo control de la Administración y que impedir la entrada de los trabajadores supone obstaculizar unas actuaciones cuyo objetivo es garantizar la seguridad del recinto.

Proyecto de reforma integral y nueva concesión

El objetivo por parte del Ejecutivo regional es que el club madrileño pueda disputar sus partidos en el estadio "lo antes posible". Se estima que las mejoras urgentes podrían prolongarse entre dos y seis meses. Si las obras no pueden iniciarse de inmediato y el conflicto institucional continúa enquistado, el conjunto franjirrojo se verá obligado a buscar una sede alternativa para arrancar la temporada y Butarque aparece como la principal alternativa.

Tras extinguir la actual concesión, la Comunidad de Madrid impulsará un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio. Mariano de Paco explicó que el nuevo modelo incorporará mayores exigencias para evitar una situación similar y señaló que la futura concesión no tendrá que recaer necesariamente en el Rayo Vallecano.

Estas actuaciones se enmarcan fuera del proyecto de reforma integral del estadio, que contempla una inversión de 60 millones de euros, un plazo estimado de 24 meses y una ampliación del aforo hasta al menos 18.500 espectadores.

Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de una nueva grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz y la adaptación del terreno de juego a los estándares exigidos para la Primera División y competiciones internacionales.