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El Govern de la Generalitat aprobará el próximo martes en Consell Executiu la nueva ley de la ocupación pública catalana, una norma que renovará el marco legislativo de los trabajadores públicos, tanto del personal dependiente de la Generalitat como de los ayuntamientos catalanes y de las siete universidades públicas (cerca de 400.000 trabajadores en total).
El objetivo de esa ley, elaborada por el equipo del Departament de Presidència que dirige el conseller Albert Dalmau, es renovar un paraguas jurídico que sustituya al texto refundido vigente, que data de hace 29 años, para actualizarlo a las necesidades como incrementar la flexibilidad, la captación de talento, rediseñar la selección y provisión de puestos de trabajo, incrementar la movilidad interadministrativa, entre otras prioridades.
El Govern ha elaborado este anteproyecto de ley recogiendo numerosas observaciones del ámbito local, de los sindicatos UGT y CC.OO., de colegios profesionales y otras entidades sociales, y tiene previsto completar la regulación en el ámbito de la reforma de la administración con otros anteproyectos, el próximo, el de la dirección pública profesional, que previsiblemente se aprobará a finales de marzo.
En al anteproyecto de ley de la ocupación pública destacan aspectos que irán ligados a la selección de los futuros trabajadores públicos, con la apuesta por tribunales estables, procesos de selección por competencias, en lugar de memorísticos y la introducción de cursos selectivos.
Para los trabajadores públicos en activo, la norma incorpora nuevos criterios para valorar la trayectoria y actuación de los trabajadores alejada de la mera antigüedad y que se vinculan al desarrollo en el puesto y la experiencia, acercándose así al concepto de la llamada carrera profesional horizontal. Así, se introducen cuatro categorías (inicial, consolidado, experto y referente), que dará derecho a percibir un complemento retributivo.
Siguiendo las inquietudes del ámbito municipal, la norma también recoge una nueva figura de trabajador público cuya característica será su capacidad de movilidad interadministrativa, pudiendo trabajar en las tres áreas (Generalitat, ayuntamientos y universidades) en función de las necesidades, también con la adscripción a proyectos o funciones de manera temporal.
Además, se incorpora un nuevo modelo para la evaluación anual de los objetivos por puesto de trabajo, facilidades para el acceso a la ocupación pública de personas con discapacidad y una perspectiva de género hasta ahora ausente.
El objetivo del Govern es tener aprobada esta ley en el Parlament este mismo año y prevé disponer de un amplio consenso para ello, una vez superado el trámite de enmiendas con los grupos.
Redactor de la sección de Política. En La Vanguardia desde 2009. Licenciado en Filosofía por la UB y en Periodismo por la URL
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