El instrumento anticoerción de la UE, un 'bazuca' para golpear a los servicios digitales de EE.UU.

El anuncio de EE.UU. de nuevos aranceles a ocho países europeos ha hecho saltar por los aires la política de apaciguamiento que ha seguido la Unión Europea (UE) desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ni siquiera acatar un mal acuerdo comercial con Washington ha sido suficiente para disuadir al magnate de utilizar los aranceles como arma contra una Europa que, como dejó claro su Estrategia de Seguridad Nacional, desprecia profundamente. Por eso crecen ahora los partidarios de tirar la toalla, decir basta a los abusos del republicano y recurrir de una vez por todas al poderoso instrumento anticoerción que, entre otras cosas, podría golpear a los servicios digitales de EE.UU..

Además de activar las represalias valoradas en 93.000 euros que fueron preparadas en primavera, la UE valora ahora esta herramienta que da a la Comisión Europea una amplia autoridad para imponer medidas de represalia, desde aranceles a restricciones al mercado europeo. Por eso es llamado “bazuca comercial”, un botón nuclear para evitar que terceros países utilicen la presión económica para forzar a los Estados miembros a tomar decisiones contra sus intereses, como es el caso actual. 

Bruselas también podría imponer restricciones a EE.UU. para participar en las licitaciones públicas 

Fue ideado en el 2021, después del turbulento primer mandato de Trump en la Casa Blanca y de una mayor agresividad de China. En concreto, Bruselas se inspiró en las medidas comerciales coercitivas que Pekín impuso a Lituania por acercarse a Taiwán. Y aunque fue aprobado definitivamente el 2023, hasta ahora todavía no ha sido estrenado. Los técnicos comunitarios insisten en que su función es primariamente disuasoria. Es decir, que los otros países, comenzando por EE.UU., sepan que presionar a la UE tiene grandes riesgos.

El manual de instrucciones de este instrumento incluye diez posibles represalias de alto impacto sobre los bienes y servicios del tercer país señalado. Entre ellas, restricciones a las importaciones o exportaciones de bienes, por ejemplo, mediante cuotas o licencias. Pero también, de pulsar el interruptor contra la Casa Blanca de Trump, la UE sería capaz de actuar donde más le duele a EE.UU.: a los servicios en los que el gigante tiene un superávit comercial con la UE. Incluyendo proveedores de servicios digitales como Amazon, Microsoft, Netflix o Uber. Además, Bruselas podrá imponer restricciones a la inversión extranjera directa procedente de EE.UU., que es el mayor inversor mundial en la UE.

Asimismo, el anexo de posibles contramedidas de represalia permite que la UE aplique restricciones a las licitaciones públicas en el bloque, que tienen un enorme valor de alrededor de 2.000 millones de euros al año (es decir, sobre el 15% del PIB comunitario). Bruselas podría llegar a excluir a las empresas estadounidenses de los concursos públicos, por ejemplo, en defensa o construcción, si los bienes o servicios estadounidenses representan más del 50% del contrato. Si no, se las podría puntuar peor si quieren acceder a estos procesos.

Otro de los puntos que podrían enfadar más a Washington es la imposición de restricciones para las actividades bancarias, seguros, el acceso al mercado de unión de capitales y otras actividades de servicios financieros. O las que podría implantar a la protección de los derechos de propiedad intelectual o a la capacidad de vender productos químicos o alimentos en la UE. “El instrumento anticoerción fue diseñado precisamente para estos casos. Llamo a la comisión europea a que lo active inmediatamente”, ha reivindicado el eurodiputado alemán Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.

La herramienta de defensa comercial comunitaria no es automática, sino que tiene el objetivo de entablar un diálogo con el país en cuestión y, si no se llega a una solución, la UE puede llegar a aplicar contramedidas y hasta exigir una reparación. Pero para llegar a ello se podría tardar hasta un año. En concreto, primero la Comisión Europea debería examinar durante hasta cuatro meses si las amenazas de Trump suponen un caso de coerción. Después, si así lo considerara, lo presentaría ante los Estados miembros. 

El proceso para activar el instrumento anticoerción podría llevar hasta un año

Se requiere una mayoría cualificada para activarlo, es decir, que voten a favor al menos 15 Estados miembros que representen el 65% de la población europea. Y aunque el mayor partidario de mostrar músculo es el presidente francés, Emmanuel Macron, todavía no está claro en qué lado de la balanza se colocan la mayoría de los dirigentes de la UE. Para estudiarlo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, les ha convocado este jueves a una cumbre de emergencia en Bruselas.

Aunque llegase la luz verde de los países no se aplicarían estas contramedidas directamente, sino que entonces se abriría este proceso de negociación con EE.UU. y solo después los Estados miembros deberían votar si imponer el castigo. Las represalias entrarían en vigor tres meses después.

La Comisión insiste en que su primera opción es negociar para una escalada. Los contactos entre ambos lados del Atlántico son continuos. Pero, si al final Trump sigue adelante, “tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder, porque haremos todo lo necesario para proteger los intereses económicos de la UE”, avisó ayer el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill. Incluyendo el instrumento anticoerción, que “nunca estuvo fuera de la mesa”. “Somos perfectamente conscientes de cómo usarlo y cuándo usarlo”, apostilló.

Corresponsal en Bruselas. Antes, al frente de la corresponsalía en Italia y el Vaticano de La Vanguardia y RAC1 (2018-2024). Es autora de ‘Laboratori Itàlia’ (Pòrtic, 2024).