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El conflicto que EE. UU. e Israel sostienen frente a la administración teocrática de Teherán no ha frenado la mano dura del régimen contra la oposición interna, ni ha supuesto un alivio real para quienes lo cuestionan. Recientemente, las autoridades iraníes han aplicado la pena capital mediante ahorcamiento a tres individuos. Entre los ejecutados se encuentra Saleh Mohammadi, un deportista de élite en la disciplina de lucha —muy popular en el país— que apenas contaba con 19 años.
A Mohammadi se le vinculaba con la muerte de un oficial durante las revueltas sociales del pasado noviembre; no obstante, el veredicto oficial lo sentenció por "hostilidad contra Dios" y por actuar como supuesto informante externo. Aunque se preveía un ajusticiamiento público, diversas fuentes indican que la ejecución se llevó a cabo de forma privada en un centro penitenciario de Qom, urbe de gran relevancia espiritual para el sistema islámico. Resulta paradójico que el Departamento de Estado estadounidense hubiera solicitado formalmente la suspensión de la condena horas antes.
La activista y atleta Nima Far sostiene que este acto forma parte de una estrategia del Estado para propagar el miedo entre la población civil, ensañándose con figuras del deporte. Este suceso evoca el caso de Navid Afkari en 2020, otro luchador ejecutado a pesar de la presión global y las denuncias de pruebas fabricadas. Según Far, organismos como el COI o la Federación Internacional de Lucha erraron al apostar por una "diplomacia discreta" que resultó nula, en lugar de amenazar con sanciones contundentes.
Junto a Mohammadi, perdieron la vida Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi. Grupos de derechos humanos subrayan que los procesos judiciales carecieron de transparencia, se negaron las apelaciones y las confesiones fueron extraídas bajo coacción y tortura.
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