España comenzará a aplicar el pacto migratorio con la firme negativa a los centros de deportación

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España comenzará a aplicar este viernes el nuevo pacto de migración y asilo europeo —que endurece fronteras y devoluciones—, pero lo hará con la oposición a la creación de centros de deportaciones en terceros países que permite el nuevo reglamento de retorno, según ha informado el Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha manifestado “serias dudas” sobre la legalidad y proporcionalidad de estos campos de deportación para inmigrantes fuera del suelo comunitario, como los proyectados, sin éxito, por Italia y Reino Unido.

Según ha informado Interior a través de una nota de prensa, España aplicará desde este viernes el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) “con un enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional, y así lo trasladará la delegación española que participa hoy y mañana en la Conferencia Ministerial organizada por la presidencia chipriota de la UE, en Nicosia, con motivo de la entrada en funcionamiento del pacto.

España ha reiterado la oposición del Gobierno a la creación de los centros de internamiento en terceros países que permite el nuevo Reglamento de retorno, aún pendiente de adopción definitiva, y ha descartado su utilización en la gestión migratoria española. El pasado 4 de junio, durante la celebración del Consejo de Ministros de Interior en Luxemburgo, ya trasladó a los socios comunitarios su rechazo a esta medida por las “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad”. En la cita en Luxemburgo, el titular de Interior expresó su preocupación por la puesta en marcha de estos centros, con convenios no vinculantes y “sin garantías” para los derechos de las personas, y por su impacto en la “credibilidad y eficacia” de las relaciones bilaterales de los Estados miembros, “clave” en la política migratoria de países que, como España, apuestan por la cooperación.

El acuerdo político sobre el nuevo pacto migratorio europeo se alcanzó el 20 de diciembre de 2023, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El pacto, aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024, fue adoptado formalmente por el Consejo en mayo de ese mismo año, cuando se publicaron también en el Diario Oficial de la Unión Europea los textos legislativos del acuerdo. El pacto está integrado por nueve reglamentos y una directiva que abordan la gestión migratoria, desde los procedimientos fronterizos hasta el retorno, la protección internacional y la resolución de crisis en los ámbitos de la migración y el asilo.

Entre sus novedades, el PEMA introduce por primera vez una regulación europea común sobre el triaje de los nacionales de terceros países con el objetivo de reforzar el control de las personas llegadas irregularmente, el registro de sus datos y la detección temprana de vulnerabilidades. El triaje garantiza la derivación de los migrantes a los procedimientos adecuados con la mayor celeridad y promueve que se alcance la resolución sin interrupciones ni retrasos. Mientras dure el proceso, los nacionales de terceros países no podrán ser objeto de una autorización de entrada en territorio y deberán permanecer a disposición de las autoridades. España aplica ya un proceso similar al triaje, que ahora se adaptará, entre otras medidas, con la utilización de un formulario específico, el refuerzo de la detección preliminar de vulnerabilidades y la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento independiente del respeto de los derechos fundamentales, cuyas funciones corresponderán al Defensor del Pueblo.

En la misma línea, el pacto prevé también la mejora del intercambio de información entre las autoridades competentes en inmigración, protección internacional y acogida, para garantizar una atención eficaz al migrante y su derivación ágil a los procedimientos más adecuados en cada situación. Según Interior, en cuanto a las peticiones de protección internacional en puestos fronterizos, España ha optado por un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes, que gozarán de las garantías que prevé la normativa española en materia de protección internacional (Ley 12/2009, de 30 de octubre), como la asistencia jurídica preceptiva, la intervención de ACNUR y la posibilidad de reexamen.

El procedimiento en frontera establece, además, un plazo máximo de resolución y revisión judicial de 12 semanas, periodo durante el cual el solicitante no podrá recibir autorización de entrada en el territorio y deberá permanecer en instalaciones designadas con esa finalidad. En el caso de los migrantes desembarcados tras una operación de salvamento y rescate o que son interceptados en un intento de entrada irregular, su solicitud de protección internacional se tramitará también por el procedimiento fronterizo de asilo.

La normativa introduce un nuevo supuesto de aplicación del procedimiento de examen acelerado en los casos de personas procedentes de un país con una tasa de reconocimiento de protección internacional igual o inferior al 20 por ciento en el conjunto de países de la UE.

La denegación de una solicitud de protección internacional en frontera conllevará el retorno. Las autoridades procederán a la denegación de entrada o devolución del nacional de un tercer país en los términos previstos en la normativa de extranjería. El extranjero no podrá ser objeto de una autorización de entrada durante las 12 semanas de duración máxima de este procedimiento y deberá permanecer a disposición de las autoridades competentes.

Con la entrada en funcionamiento del PEMA, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos, tal y como explicó recientemente Interior en una nota informativa.

Entre las novedades se incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria que será aplicado con carácter anual. El primer paquete de solidaridad se acordó el pasado mes de diciembre, cuando España fue identificada como “Estado miembro bajo presión migratoria” y, por tanto, susceptible de ser beneficiaria de la solidaridad europea. Tras la entrada en funcionamiento del pacto, se darán los pasos necesarios para concretar la aplicación de este mecanismo de solidaridad. Con ese motivo, está prevista la celebración en Bruselas de la primera reunión del Foro de nivel técnico de la UE sobre Solidaridad, el próximo 15 de junio, que estará presidida por la coordinadora de la UE para la Solidaridad.