Tras dos décadas de relación y una guerra mediática sin cuartel, Kiko Matamoros y Makoke se ven las caras hoy en un escenario mucho más hostil que un plató: la Audiencia Provincial de Madrid. La expareja se sienta en el banquillo para responder por un presunto delito de ocultación de bienes por el que la Fiscalía solicita una pena de cinco años y seis meses de prisión para el colaborador y otros cuatro para su exmujer, en calidad de cooperadora necesaria.
A las correspondientes penas de cárcel a las que se podrían enfrentar, también se unen las peticiones de sanciones económicas. Un proceso que llega en un momento delicado para ambos y que afrontan con actitudes opuestas, pero con una aparente tranquilidad. Pese a no querer hablar más de la cuenta hasta la finalización del juicio, han mostrado su seguridad al afirmar que todo saldrá de la mejor manera posible y al depositar su confianza en la justicia.

“Estoy muy tranquilo y satisfecho con la celebración próxima de este proceso”, escribió Kiko Matamoros en su cuenta de Instagram una hora después de que la noticia se publicase en los principales portales informativos. Tras bromear con la aparición de su nombre en la web de Telecinco, aseguró que “las cosas tienen un principio y un final” y deseó suerte a todos los implicados en este caso que está pendiente de resolverse.
Y es que no es solo que la Fiscalía pida las penas de prisión para ambos, sino que solicita el pago de una cuantía que supera los 636.000 euros, además de una multa adicional de 33.000 euros. Por su parte, Makoke se enfrenta a la petición del pago de 471.000 euros, con una multa de 30.750 euros. Unas cifras nada desdeñables que podrían comprometer seriamente el patrimonio de la expareja si la sentencia resultase condenatoria.

Por su parte, la colaboradora de televisión quiso romper su silencio en el programa Fiesta de Telecinco, donde confesó sentirse profundamente avergonzada al acaparar titulares por este hecho. Tras asegurar que confía “plenamente” en la justicia y aclarar que se encuentra al corriente de pago con sus obligaciones con la Agencia Tributaria, expresó que hablará sobre el asunto cuando la causa haya concluido. Esta recomendación de su abogado, y presumiblemente del de Kiko Matamoros, ha hecho que ninguno de los dos haya querido pronunciarse en exceso sobre esta cuestión.
Un proceso judicial que deriva de la millonaria deuda de Kiko con Hacienda
Este proceso judicial viene derivado de las deudas que el marido de Marta López Álamo contrajo entre 2009 y 2014 con Hacienda. Un total de 1.086.597 euros, habiéndose sumado la cuota tributaria, los intereses de demora y las sanciones. Al no poder hacer frente a sus obligaciones, Matamoros entró varios años en las listas de morosos del fisco desde su incorporación en 2016. Tanto es así, que en 2020 fue incluido en la lista de grandes deudores al acumular una deuda superior a los 600.000 euros. Pese a todo, en 2022 logró salir de este listado y no se supo mucho más sobre este asunto, más allá de sus pronunciamientos en diversos programas de televisión.
Ante esto, y según ha expuesto Fiscalía en su escrito, el tertuliano habría creado un entramado para proteger su patrimonio personal: “Era conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas pero que el pago de las mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y forma de vida”. Por lo que considera que omitió deliberadamente sus declaraciones con la Agencia Tributaria, teniendo en cuenta que durante esos años tuvo una intensa vida profesional en la pequeña pantalla.

Estas acusaciones consideran también que Kiko Matamoros habría hecho uso de sus sociedades Salto Mortal S.L. y Silla del Ring S.L. con el objetivo de, presuntamente, emitir facturas por trabajos que realizaba personalmente. Un procedimiento que la Fiscalía estima que sirvió para canalizar sus ingresos. Tanto es así que, entre 2011 y 2015, una de sus cuentas bancarias habría llegado a registrar un valor superior a 900.000 euros destinados, supuestamente, a sufragar necesidades particulares del ahora investigado.
Fue precisamente en uno de estos años cuando la pareja adquirió un inmueble situado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, por un precio de 1.315.750 euros. Una exclusiva propiedad que sirvió de residencia habitual durante el periodo que continuaron juntos y que figuraba únicamente a nombre de Makoke. Esta es una de las razones por la que el Ministerio Público ha incluido a la colaboradora en el proceso, al considerar que la titularidad se habría utilizado para blindar el patrimonio frente a las deudas del acusado principal con el fisco. Un escenario que empezará a aclararse en tan solo unas horas y que marcará un antes y un después en el futuro de la expareja.

Hace 1 día
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