La agosticidad de Page, Borràs y Ayuso

Los agravantes judiciales son las circunstancias que aumentan la responsabilidad criminal de un acusado y sirven para aplicar una pena más alta. Estamos acostumbrados a la alevosía, el ensañamiento y la reincidencia. Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, y piedra en el zapato del PSOE, actúa como juez y parte contra Pedro Sánchez y aplica la “agosticidad” para condenar cualquier decisión del Gobierno. “Hay que tener descaro”, sostiene, para pretender tramitar la reforma de la financiación con agosticidad; la misma que atribuye a la decisión del Consejo de Ministros de indultar parcialmente a Laura Borràs y otros tres condenados por delitos relacionados con la corrupción.

El verbo afilado de Page sirve para alinearlo con el PP y da más importancia al relato que a las obligaciones del Ejecutivo. Por un lado, el sistema de financiación está pendiente de reforma desde el 2014 y la propuesta del Gobierno está formalmente sobre la mesa de las autonomías desde enero sin que nadie haya planteado más alternativa que la descalificación. Por otro, entre la condena a Borràs, en la que el TSJC recomendaba el indulto, y la decisión del Gobierno han pasado más de tres años, cuando lo habitual es no exceder el año. Más que agosticidad, se podría denunciar desidia administrativa. No es gestión, son necesidades políticas y van con retraso: cumplir con un socio leal de investidura como ERC con la financiación y ventilar ese apartado incómodo de los órdenes del día del Consejo de Ministros que recoge las decisiones pendientes.

Yerran en el Gobierno y el PP quienes ven en el indulto a Borràs una mano tendida a Junts. La desafección hacia quien fue su presidenta era previa a la condena y, con los hechos probados en la sentencia –falsedad y prevaricación–, se le enseñó la puerta de salida. “No son delitos políticos, son delitos comunes”, le espetó la veterana Magda Oranich. Borràs nunca midió sus fuerzas dentro de Junts y confundió la política con los aplausos tuiteros.

El indulto parcial a Borràs llega al mismo tiempo que el proyecto de ley de Integridad Pública. Una norma anunciada hace un año para “dar respuesta a todo el ciclo de la corrupción” y que requiere 18 reformas legales, seis de ellas leyes orgánicas. Un tótum que, salvo milagro parlamentario, decaerá con el fin de la legislatura. Lo que importa son los gestos, y el PP replica: presentará en septiembre su plan contra la degradación institucional.

El plan de Alberto Núñez Feijóo es una enmienda a la totalidad al plan anticorrupción del PSOE y carece de memoria histórica. Responde a los pactos de Sánchez con los independentistas: reintroduce en el Código Penal las penas por malversación que se eliminaron por un acuerdo con ERC y modifica la ley del indulto –de 1870– para impedir que se perdonen delitos de corrupción o ataques a la integridad territorial del Estado.

Page lamentaba el indulto a Borras y dos excargos socialistas “con la que está cayendo” sobre el PSOE. Desde que los socialistas llegaron al Gobierno solo se había acordado un indulto de delitos relacionados con la corrupción y fue para el denunciante de la Gürtel. El indultómetro obliga a retroceder hasta el 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia, para encontrar ocho indultos en casos de corrupción que van de las artimañas urbanísticas malagueñas al caso Treball en plena colaboración con CiU.

La operación del ático tiene muchos agravantes: reincidencia, abuso de superioridad...

No obstante, el PP ha movido el punto de mira y dispara menos contra Catalunya y más a la corrupción. Quiere auditorías públicas sobre rescates como el de Plus Ultra y cesar a los altos cargos sometidos a investigación judicial. Adiós a la presunción de inocencia y vítores a los jueces que admiten denuncias patrocinadas por organizaciones con agenda propia basadas en titulares de publicaciones online. La regeneración institucional no pasaría por la gestión eficiente, sino por el desfile continuo de cargos en sus puestos.

El verano puede ayudar a diluir el impacto de decisiones incómodas del Gobierno y desatinos en las filas del PP, incluida la compra de un ático para “reuniones” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una operación con muchos agravantes: reincidencia, abuso de superioridad y… agosticidad.

Subdirectora de La Vanguardia desde 2014. En la actualidad estoy al frente de la edición digital. He sido jefa de la sección de Política (2006-2014) . En Europa Press (1995-2006) pasé por Sociedad, Tribunales y Política.