La Fiscalía frente a la UCO en el 'caso Montoro'

La Fiscalía Anticorrupción está chocando con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su dejadez en el 'caso Montoro'. Los agentes que fueron designados para analizar las cuentas bancarias del despacho Equipo Económico -fundado por Montoro e investigado por usar sus influencias con Hacienda-, en busca del destino final del dinero y si este acabó en manos de funcionarios o cargos públicos, no han hecho diligentemente, según la Fiscalía, su trabajo.

Esta unidad ha sido clave para condenar al fiscal general del Estado, para encarcelar a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, para llevar al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al banquillo y para investigar a su esposa, Begoña Gómez.

Sin embargo, en el caso de corrupción que se investiga el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, a gran parte de su equipo, y al despacho que él fundó, Equipo Económico, la UCO no se ha mostrado tan diligente en seguir el rastro del dinero por lo que ha dejado reflejado la fiscal de Anticorrupción encargada del caso, Carmen García Cerdá, en un escrito al que ha tenido acceso La Vanguardia.

Esta fiscal hace esta crítica a pesar de que en otros tiempos, con otro equipo, ya trabajó con la UCO en casos de corrupción que afectaba al Partido Popular, como el 'caso Púnica' o el 'caso Lezo'.

El informe de la Guardia Civil tiene un “alcance reducido”, dice la fiscal, como recoge en uno de sus folios: “tras efectuar un análisis individualizado de los productos bancarios, se ha constatado que una mayoría significativa de estos carecen de relevancia para la investigación, razón por la cual no ha sido incorporados al cuerpo del presente informe”.

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (Pierre-Philippe Marcou/ AFP)

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Sin embargo, Anticorrupción reprocha a la UCO que en su informe sólo se hayan analizado diez cuentas de entre las más de 200 que fueron entregadas. “Así que ninguna conclusión puede extraerse del mismo”, subraya.

Por eso se opone a la afirmación de las defensas de los investigados de que la UCO haya acreditado que Equipo Económico (EE) no pagó jamás retribución, comisión o dádiva a autoridad o funcionario alguno, ni ejerció ningún tipo de influencia en los mismos.

La Fiscalía lo desmiente y sostiene que sí hubo pagos efectuados desde EE a alguno de los funcionarios implicados, como constata el modelo tributario 190 aportado a la causa. Así, entre otros, dicho modelo revela los pagos efectuados desde EE a Miguel Ferré -secretario de Estado con Montoro- durante los años 2008 y 2009 o pagos efectuados a Santiago Menéndez -exdirector de la Agencia Tributaria- en 2010 y 2011.

En su escrito, la fiscal advierte a los investigados que dado el carácter incompleto del informe de la UCO, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, encargado de este caso, ha encomendando un análisis más completo de las cuentas bancarias aportadas a la causa a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía de la Agencia Tributaria (AEAT).

No solo eso, sino también se ha reclamado a los cuerpos policiales designados en esta causa -UCO y Mossos d'Esquadra- que emitan un informe “sobre la existencia o no en la causa de determinados datos bancarios que la Fiscalía ha considerado relevante conocer”.

Por otro lado, García Cerdá ha defendido los siete años que estuvo la causa bajo secreto dado la complejidad que hubo para obtener y analizar los correos requeridos a Hacienda, Agencia Tributaria y Dirección General de Tributos (DGT).

“Los informes de los Mossos y de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la AEAT constatan la indiciaria existencia de una organización y los pagos efectuados por las empresas gasistas a Equipo Económico, previos a cada actuación administrativa de favor”, explica la fiscal.

También apunta a que se elaboró el reglamento de la Ley de Impuestos Especiales a la carta de aquellas mercantiles, “eliminado los funcionarios intervinientes en la fase administrativa la exigencia, por aquel reglamento, de acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el beneficio fiscal, introducido en la reforma legislativa concertada”.