La gran persecución: el año en el que Trump concibió un Estados Unidos sin migrantes

En este año en el que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia, su presidente, Donald Trump, está redefiniendo el país hacia un modelo muy distinto del que se ha caracterizado en su historia. Estados Unidos se creó como un país de emigrantes, y así ha seguido siéndolo, pero el mandatario republicano ha inaugurado una nueva era en la que estos no tienen cabida.

En su primer año de mandato se fueron del país más migrantes de los que llegaron por primera vez en los 50 años de los que se tiene registro. Según los datos recopilados por Brookings, el saldo negativo es de entre 10.000 y 250.000 personas y se prevé que 2026 siga esa tendencia. A las deportaciones masivas —los datos oficiales apuntan a que fueron 605.000 hasta diciembre, pero estos son imposibles de verificar— se suma el cierre de la frontera, la cancelación de los programas de refugiados y de asilo, la prohibición de entrada de los ciudadanos de ciertos países y el endurecimiento o suspensión de visados.

Estados Unidos se aleja del sueño americano. Muchos extranjeros prefieren no llegar o incluso autodeportarse, a pesar de que esto suponga enterrar la vida que construyeron en el país que creían que les daba la bienvenida. La cruzada antiinmigrante lanzada desde la Casa Blanca desde el primer día del segundo mandato de Trump ha llevado el terror a las calles del país, donde los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza, ocultos detrás de máscaras, realizan redadas en cualquier lugar, dejando tras de sí imágenes dramáticas de persecuciones, detenciones brutales, allanamiento de residencias y separaciones de familias.

Un punto álgido de la violencia utilizada por los funcionarios fue el asesinato de la ciudadana estadounidense de 37 años Renne Good el pasado 7 de enero en Minneapolis, la última ciudad donde Trump ha lanzado, con el envío de 3.000 agentes, la mayor operación contra la inmigración. Su muerte a tiros por un agente del ICE ha provocado numerosas protestas, que están siendo duramente reprimidas por las autoridades.

“La Administración Trump ha redefinido la inmigración, pasando de considerarla un fenómeno beneficioso para el país a verla como una amenaza para nuestra seguridad nacional y para el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. El alcance del uso de la autoridad administrativa que estamos presenciando no tiene precedentes”, señalaba Doris Meissner, directora del Instituto de Política Migratoria (MPI), la semana pasada.

La inmigración fue crucial en la elección de Trump para un segundo mandato. La narrativa impulsada por el Partido Republicano, que culpa a los migrantes de todos los males del país, desde la delincuencia hasta el desempleo, cuajó entre los votantes. Un año después, sin embargo, muchos creen que sus tácticas han ido demasiado lejos. Según una encuesta de la agencia AP publicada el viernes pasado, la aprobación de Trump en materia de inmigración ha disminuido entre los republicanos durante el último año, cayendo del 88% en marzo al 76%. Y entre la población general, solo el 38% de los adultos estadounidenses aprueba su gestión, mientras que el 61% la desaprueba.

Pero no solo fue parte crucial de la campaña electoral, sino que también se ha mantenido como tema central de su Administración. Según un estudio realizado por el MPI, el presidente ha emitido alrededor de 38 órdenes ejecutivas sobre leyes de inmigración, lo que representa el 17% del total de 225 decretos presidenciales en un año. En cuanto a acciones ejecutivas, es difícil hacer un seguimiento de todas ellas, pero se estima que ha superado las 500 en 12 meses. En comparación, en los cuatro años de su primer mandato se emitieron 472 acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración.

Dos son sus objetivos. Uno es poner fin a lo que califica de “invasión” en la frontera, y el otro, llevar a cabo la mayor deportación de la historia, con la meta declarada de lograr un millón de expulsiones al año. Sin embargo, incluso los datos oficiales, que son más elevados que los que manejan varios expertos y observadores independientes, quedan lejos de este objetivo, lo cual ha provocado el descontento del presidente.

Es por ello que en los últimos meses ha cambiado a los dirigentes de las agencias migratorias y ha dado mayor protagonismo a figuras más agresivas, como la de Gregory Bovino. Hasta hace poco jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del distrito de El Centro en California, Bovino ha dirigido las operaciones migratorias en Chicago, Los Ángeles, Charlotte, Nueva Orleans y, ahora, en Minneapolis, animando a los agentes al uso de tácticas violentas en contra de manifestantes, como el gas lacrimógeno o las balas de pimienta.

Agentes federales arrestan a una persona en Minneapolis, el 14 de enero.Mostafa Bassim (Anadolu via Getty Images)

Las mayores operaciones contra la inmigración se han llevado a cabo en ciudades controladas por los demócratas, muchas de la cuales, de acuerdo a legislaciones locales, no colaboran con las autoridades migratorias. En contraste, el Gobierno ha impulsado la cooperación entre los gobiernos locales y estatales republicanos y el ICE a través de unos acuerdos llamados 287g, que se han multiplicado exponencialmente por todo el país. Por ellos, la policía local y los alguaciles se han involucrado en las detenciones de migrantes y transmiten información migratoria de los detenidos por otros motivos al ICE para ver si son susceptibles a ser deportados.

Criminales que no lo son

El Departamento de Seguridad Nacional, comandado por Kristi Noem, defiende que los agentes migratorios detienen a “lo peor de lo peor” para expulsarlos del país, pero las estadísticas muestran que más de un 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales. En cambio, en los centros de detención del ICE se hacinan alrededor de 70.000 personas que no han cometido ningún delito más allá de carecer de un estatus migratorio. Las denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que se les mantiene —sin acceso a médicos, alimentos nutritivos o una mínima higiene— son constantes.

Los defensores de los migrantes denuncian, además, que se violan a diario los derechos de los detenidos: no los dejan comunicarse con sus familiares ni acceder a una defensa legal. Una de las herramientas de la Administración para aumentar las deportaciones son las expulsiones expeditas, sin permitir que los detenidos tengan acceso a abogados o a defender su caso ante un juez.

En marzo, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que solo se ha usado en situaciones de guerra, para enviar a más de 200 venezolanos y salvadoreños a El Salvador sin un juicio previo. El Gobierno los acusó sin pruebas de pertenecer a las pandillas criminales Tren de Aragua y MS-13 y fueron encerrados en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una prisión famosa por la violación de los derechos humanos. Una decisión judicial luego suspendió la aplicación de dicha ley, pero los casi 250 deportados pasaron meses de torturas en el país centroamericano, según contaron después de que finalmente fueran trasladados a Venezuela en julio.

La lucha judicial por la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros se suma a la creciente lista de medidas adoptadas por la Administración que se pelean en los tribunales, que se han visto invadidos de demandas por las polémicas decisiones del Gobierno en materia migratoria. Una de las más controvertidas es la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, que el presidente quiere suspender y que recoge la 14ª Enmienda de la Constitución.

Migrantes venezolanos escoltados al CECOT en El Salvador.SECOM (via REUTERS)

Algo que sí ha conseguido Trump es el control de la frontera. Los encuentros mensuales con la policía fronteriza entre febrero y noviembre de 2025 cayeron hasta 700. Un año antes, se registraban hasta 88.000 ingresos por mes, con un pico en diciembre de 2023 de 250.000 personas. Trump usó el caos en que desembocó la llegada masiva de migrantes durante el mandato de Joe Biden para acusarle de hacer una política de puertas abiertas. Varias de las iniciativas del republicano han estado encaminadas a cancelar los programas que su antecesor empleó para acoger a migrantes por motivos humanitarios.

TPS y ‘Parole’ humanitario

La Administración Trump ha eliminado programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole humanitario, creados para acoger a los ciudadanos de países que atraviesan situaciones críticas como conflictos armados o desastres naturales, dejando a más de un millón de personas que hasta ahora residían y trabajaban con un permiso legal susceptibles de ser deportadas. La cancelación de esos programas afecta a los migrantes de al menos 13 países, entre ellos, Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, Sudán del Sur y Afganistán. Sus motivos no suelen tener que ver con que la situación haya mejorado en esos países, donde muchos de los deportados se enfrentan a la persecución y la violencia.

“Cada vez que ocurre un evento importante, añaden una nueva prohibición. Así que, cada vez que un afgano comete un acto delictivo, se prohíbe la entrada a los afganos, y no solo a ellos. Temo que esto esté sentando un precedente para el futuro, ya que siempre habrá algún incidente negativo proveniente de algún país, cometido por alguna persona desequilibrada, y eso servirá de justificación para imponer cada vez más restricciones”, apunta David Bier, director de estudios migratorios del Instituto CATO. Trump prohibió el ingreso de afganos después de que un migrante de ese origen matara a un miembro de la Guardia Nacional en Washington D. C. y dejara herido a otro en un ataque cometido en noviembre pasado.

La inmigración que quiere Trump en el país es la de los ricos o los racialmente blancos. Por eso, una de sus últimas medidas ha sido prohibir la entrada de los ciudadanos de 39 países, en su mayoría de América del Sur, África y Asia. Además, ha impuesto una fianza de hasta 15.000 dólares a los ciudadanos de 38 países para obtener un visado y ha suspendido las visas de inmigrante para 75 países.

A cambio, otorga el estatus de refugiados exclusivamente a afrikáners de Sudáfrica y ofrece la residencia permanente en tiempo récord a los extranjeros que desembolsen un millón de dólares. Es la llamada visa dorada de Trump, que antecede a la visa platino, cuyos beneficiarios tendrán la posibilidad de pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre los ingresos obtenidos fuera a cambio de un desembolso de cinco millones de dólares. Un novedoso perfil de migrante para la nueva era de Estados Unidos.

Crédito:

Gráficos por Patricia San Juan.