Sanidad advierte a Ayuso que puede ser inhabilitada si no crea el registro de objetores

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se arriesga a una inhabilitación para ejercer cargos públicos o una multa si no cumple resoluciones judiciales, como la de impulsar el registro de objetores al aborto.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad ha recriminado a Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid sea la única que no ha puesto en marcha el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

“Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público”, ha señalado García.

El 99% de interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en clínicas privadas

La ministra ha incidido en que precisamente es también Madrid la comunidad donde el 99 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se siguen derivando a clínicas privadas.

“En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién, se cumplen, punto; las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan”, ha aseverado García, quien ha reprochado a Díaz Ayuso su “empeño personal” de no hacerlo.

“El empeño de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres”, ha señalado. “No puede seguir siendo Madrid un territorio donde el derecho al aborto quede bloqueado por la cerrazón ideológica de un partido o de una presidenta”.

La ministra ha anunciado que en los próximos días va a remitir una carta a todas las comunidades autónomas para recabar información pormenorizada sobre cómo se presta ese servicio de interrupción del embarazo para comprobar el grado de cumplimiento de la ley en todo el territorio.