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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sacado a fase de audiencia pública un anteproyecto de ley para la prohibición de sufrir represalias o discriminación para aquellos empleados que denuncien posibles casos de corrupción en su empresa u organización, así como declarar nulos todos los despidos que se ejecuten relacionados con esta causa.
El anteproyecto de ley, que se incluye en el Estatuto de los Trabajadores, modifica la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en materia de protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Además, la sociedad civil puede presentar propuestas hasta el 26 de diciembre.
Yolanda Díaz explica que la norma es “necesaria” y “eficaz”
La ley cuenta con dos artículos y tres disposiciones finales. El primer artículo modifica los artículos 4.2, 14.2, 17.1, 53.4 y 55.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de incluir la prohibición de discriminación, directa o indirecta, para el empleo. Una vez iniciada la relación de trabajo, la nulidad del despido durante el periodo de prueba, la nulidad de las órdenes de discriminar y de las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia, la nulidad del despido por causas objetivas y la nulidad del despido por causas disciplinarias.
El artículo segundo modifica el contenido del artículo 124.2 de la Ley, reguladora de la jurisdicción social, para permitir fundamentar la demanda contra un despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor, cuando tenga por objeto represaliar a las personas trabajadoras con ocasión de una revelación o presentación de información.
El ministerio explica que la norma es “necesaria” y “eficaz”, ya que persigue una razón de “interés general” consistente en asegurar la indemnidad de las personas trabajadoras y la nulidad de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial.
En 2023 ya se transpuso una directiva similar contra la corrupción
El anteproyecto de ley todavía tiene que pasar dos veces por el Consejo de Ministros y después ser aprobada en el Parlamento. Asimismo, recoge que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno ya transpuso en 2023 una directiva europea con medidas de lucha contra la corrupción para proteger a los empleados denunciantes, aunque con esta norma, Trabajo busca dar mayor protección a estas personas.
Cabe recordar que la Ley reguladora de la protección de las personas que informen afecta tanto a entidades del sector público como del sector privado.
En los últimos meses, Díaz mostró su “preocupación total” por la corrupción en España, de la que dijo que “no es ni de izquierdas ni de derechas”. Tras el estallido de las presuntas corruptelas que salpican al PSOE y que tienen como protagonistas a los dos anteriores secretarios de Organización del partido, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
De igual modo, se mostró dispuesta a perseguir no solo a los corruptos, sino a los “corruptores” también. La CEOE se quejó entonces de que se ponga la sospecha sobre las empresas.
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