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El Tribunal Supremo ha asestado un revés judicial a las aspiraciones del equipo blanco en relación con la explotación comercial de su estadio reformado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el club frente a la resolución previa dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De esta manera, la justicia respalda las quejas vecinales frente a la celebración masiva de eventos musicales en el recinto de Chamartín.
El conflicto tiene su origen en las reiteradas denuncias de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu. Este colectivo ciudadano había solicitado formalmente al Ayuntamiento de Madrid que aclarara los términos legales del plan urbanístico del estadio. En concreto, exigían que la administración local declarara que el Plan Especial de mejora del medio urbano y las licencias otorgadas para la remodelación no amparaban, bajo ningún concepto, la organización sistemática de espectáculos extracurriculares.
La decisión del Tribunal Supremo, notificada este miércoles a las partes implicadas, hace firme la sentencia emitida el 24 de noviembre de 2025. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya advertía de las limitaciones normativas del estadio para operar como un macroespacio de conciertos permanente, desbaratando así una de las principales vías de ingresos proyectadas por la entidad deportiva tras su millonaria inversión arquitectónica.
A lo largo de los últimos meses, el desencuentro entre los residentes del céntrico barrio madrileño y los responsables del coliseo deportivo había ido en aumento. Los vecinos argumentaban graves perjuicios derivados de la contaminación acústica, los cortes de tráfico y las aglomeraciones continuas en la vía pública, elementos que, a su juicio, vulneraban sus derechos fundamentales y empeoraban drásticamente la calidad de vida en la zona.
Con esta inadmisión, contra la que ya no cabe recurso ordinario, el club presidido por Florentino Pérez se ve abocado a replantear su estrategia de explotación del recinto. La entidad tendrá que ceñirse estrictamente a las actividades deportivas o, en su defecto, iniciar un nuevo y complejo procedimiento administrativo para regularizar posibles eventos culturales que cumplan con la estricta normativa de ruido y seguridad municipal.
La resolución consolida el principio de que cualquier gran desarrollo privado, por muy relevante que sea para la economía de la ciudad, debe someterse escrupulosamente al Estado de Derecho y a las ordenanzas vigentes. Tal y como ha adelantado la agencia EFE, el dictamen marca un antes y un después en la gestión de los grandes recintos urbanos integrados en áreas residenciales.
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