Otra iniciativa contra las empresas

La ofensiva gubernamental liderada por Yolanda D?az para implantar la denominada "democracia econ?mica" en el seno de las corporaciones privadas no es una reforma perif?rica, sino ataque frontal a lo que resta de econom?a de mercado en Espa?a. Representa la pen?ltima estocada de una izquierda gobernante que, en su deriva colectivista, busca desmantelar los pilares de la econom?a de mercado. El intento de imponer, entre otras cosas, la inserci?n forzosa de agentes sindicales en los consejos de administraci?n es una expropiaci?n regulatoria del control de las compa??as, fracturando el derecho de propiedad; esto es, el soporte institucional para cualquier forma de coordinaci?n econ?mica racional.

El asalto a la gobernanza corporativa impulsado por la coalici?n social-comunista liquida el principio de soberan?a individual y de propiedad privada para subordinar la generaci?n de riqueza al servicio de los dictados gubernamentales para crear un laboratorio de ingenier?a social colectivista. Al diluir el nexo entre la asunci?n del riesgo y el poder de decisi?n empresarial, el Gobierno no solo compromete la viabilidad de las empresas, sino que institucionaliza la irresponsabilidad fiduciaria, sustituyendo la l?gica del valor por la tiran?a del consenso ideol?gico forzado.

Bajo la ret?rica de redistribuci?n del poder, las iniciativas gubernamentales destruyen la gobernanza corporativa. El deber de los administradores, que por definici?n debe converger en la salvaguarda de los intereses de los accionistas, ?nicos portadores del riesgo residual y garantes de la solvencia, queda fracturado por una intrusi?n ex?gena. La inserci?n obligatoria de representantes sindicales transmuta el consejo de administraci?n de un ?rgano de alta direcci?n t?cnica en un enclave de agitaci?n y negociaci?n pol?tica (Jensen, M. y Meckling, W.,'Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure', Journal of Financial Economics, 1976).

Esta mutaci?n crea una divergencia de incentivos insalvable: mientras la sostenibilidad de la firma exige visi?n estrat?gica a largo plazo, el factor trabajo, instrumentalizado por la praxis sindical, prioriza la extracci?n de rentas inmediatas, la rigidez operativa y la captura de beneficios a corto plazo. Esto constituye un gravamen impl?cito sobre la formaci?n de capital y activa un proceso de subinversi?n que erosiona la competitividad estructural de las empresas (Grossman, S. y Hart, O., 'The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration', Journal of Political Economy, 1986).

Por a?adidura, esa interferencia supone una elevaci?n dr?stica de los costes de transacci?n. La democracia se fundamenta en el principio de "una persona, un voto", pero la eficiencia corporativa descansa sobre el principio de proporcionalidad entre riesgo y control; romper este nexo causal implica que la autoridad se ejerce sin responsabilidad financiera, lo que genera una ineficiencia estructural y social. Asimismo, la introducci?n de la "democracia econ?mica" impactar?a de forma negativa en la valoraci?n de los activos. Los mercados de capitales descuentan la inseguridad jur?dica incrementando la tasa de descuento aplicada a los flujos futuros. Al elevarse el coste de capital propio, las empresas nacionales pierden competitividad, provocando una fuga de capitales hacia mercados donde la propiedad a?n es respetada.

A ello se suma una insalvable tacha de inconstitucionalidad. La imposici?n de agentes sindicales vulnera frontalmente el n?cleo esencial de la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. Al vaciar de contenido a la facultad de autoorganizaci?n del empresario, el Estado incurre en una arbitrariedad normativa que desborda el inter?s general para servir a un sectarismo faccioso. No existe proporcionalidad ni necesidad que justifique que el poder p?blico dicte qui?n debe sentarse en el ?rgano de decisi?n de una entidad privada, interfiriendo en el derecho de sus due?os a elegir a sus mandatarios. Es, en puridad, una expropiaci?n sin justiprecio de las facultades dominicales m?s elementales.

La recurrencia ret?rica a la Mitbestimmung germana es una broma. Este modelo de codeterminaci?n est? ligado a una arquitectura de gobernanza corporativa dual, cuya l?gica operativa resulta incompatible con la imposici?n de un representaci?n sindical forzosa en los consejos de administraci?n. En la pr?ctica, la implementaci?n de este esquema ha precipitado una erosi?n sistem?tica del valor empresarial: la captura pol?tica de los ?rganos de decisi?n no solo bloquea las reestructuraciones estrat?gicas necesarias en mercados competitivos, sino que incrementa exponencialmente los costes de transacci?n y reduce la rentabilidad sobre el capital.

Esta iniciativa del Gobierno social-comunista es el ep?logo de una deriva intervencionista ajena a la realidad y cuajada de ignorancia y sectarismo. Con ella, el Gobierno no democratiza la econom?a, sino que burocratiza las empresas y expropia el control de los activos privados. Es una expresi?n de populismo que condena al tejido productivo al estancamiento y env?a un mensaje letal a la inversi?n. Las empresas han de permanecer como un nexo de contratos privados, protegidas de la arbitrariedad de un poder pol?tico que, en su af?n por tutelar cada resquicio de la sociedad civil, termina por asfixiar las fuentes de la prosperidad nacional y destruir los pilares de la libertad.

*Lorenzo Bernaldo de Quir?s es presidente de Freemarket.